El juicio por el crimen de la calle Acadèmia de Lleida podría celebrarse en septiembre
El Superior de Justicia ha aceptado como pruebas las grabaciones de las cámaras de una comunidad de vecinos y de una gasolinera
Jordi Lanuza, en un juicio de hace más de 10 años por otros hechos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aceptado finalmente como prueba las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una comunidad de vecinos y de una gasolinera en la causa por el crimen de la calle Acadèmia de Lleida y el juicio podría celebrarse en septiembre con jurado popular. La vista estaba inicialmente prevista para el mes de marzo pero se ha ido retrasando a causa de los recursos que la defensa ha ido presentando para pedir la nulidad de estas grabaciones, que las acusaciones consideran "clave" en el caso. En ellas se vería al acusado entrando y saliendo del edificio donde vivía la víctima, una funcionaria de Enseñanza, durante las horas en las que los forenses establecieron que murió.
El abogado del acusado alegaba que las cámaras grababan más ángulo del permitido y que se tendría que anular esta prueba. La Audiencia ya desestimó la petición de la defensa pero el abogado recurrió la decisión al TSJC. Finalmente, el TSJC ha rechazado el recurso al considerar que el ángulo de grabación de las cámaras respeta la legalidad.
Los Mossos localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en su casa el 17 de febrero de 2017. Detuvieron a J. L. R., vecino de Lleida de 42 años y nacionalidad española, el 7 de junio de 2017 y el acusado se encuentra en prisión provisional desde el 9 de junio de 2017.
Según las actuaciones, los forenses calculan que la hora de la muerte fue entre las 14h y las 18h y que entre las 14h y las 19h el investigado es el único sospechoso que accede al edificio. Según las cámaras de seguridad de la zona, entró a las 14:30h y salió a las 15:04h. Además, un vecino declaró que hacia las 15h oyó un golpe seco y un gemido proveniente del piso de la víctima y los Mossos d'Esquadra encontraron restos que podrían ser de sangre en la chaqueta que el investigado llevaba el día de los hechos, así como en el interior de la puerta y en el asiento del conductor de la furgoneta de la empresa que acostumbraba a conducir.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre en su domicilio, en la calle Juli Cèsar de la capital del Segrià, situado a sólo 500 metros del piso de la víctima. Pasó a disposición judicial dos días después. Se negó a responder las preguntas de las partes y se limitó a decir que era inocente y que no tenía ninguna relación con los hechos. El juez ordenó su ingreso en la prisión de manera provisional ya que consideraba que existía riesgo de huida y de ocultación o destrucción de pruebas.
La víctima, una funcionaria de Enseñanza de 61 años, fue encontrada sin vida y con varias heridas de arma blanca, en su piso de Lleida, el viernes 17 de febrero de 2017. El detenido, que tiene antecedentes por maltrato en el ámbito del hogar, trabajaba como instalador de fibra óptica. Eso explicaría porque los Mossos no encontraron la puerta de la víctima forzada.
La mujer vivía sola en el tercer piso del número 12 de la calle Acadèmia de la capital del Segrià y tenía a su madre, enferma de Alzhéimer, ingresada en una residencia. Precisamente, fue el personal de la residencia quien aquel viernes llamó a los Mossos porque la víctima no había ido a buscar a su madre, como acostumbraba a hacer, para ir a pasar el fin de semana con ella. La madre era su única familia próxima ya que su padre murió hace unos años, nunca se casó y no tenía hijos ni hermanos. Tenía una prima que es a quien representa como acusación particular la abogada Marta Duró. La víctima trabajaba desde el año 1977 en los servicios territoriales de Enseñanza en Lleida, aunque era originaria de la localidad de Vallobar, a Huesca, y era la responsable del archivo definitivo del departamento.
Piden entre 15 y 22 años y medio de prisión La fiscalía pide quince años de prisión para el acusado, cinco años de libertad vigilada y que indemnice a la madre de la víctima con 52.000 euros. Solicita que se le acuse de homicidio mientras que la acusación particular lo considera asesinato y pide una pena de 22 años y medio de prisión. El acusado se encuentra en la prisión de manera provisional desde junio de 2017, porque que tanto el juzgado de instrucción 4 como la Audiencia de Lleida posteriormente, consideraron que existía riesgo de huida, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y también para evitar la ocultación o destrucción de pruebas ya que todavía no se había encontrado ni el ordenador portátil de la víctima ni el arma del crimen, que siguen sin aparecer.
