La firma de los radares reactiva la demanda contra la Paeria por no validar miles de multas

La UTE Mobilitat Lleida (formada por las empresas Sice y Benito Arnó), que hasta el pasado febrero era la concesionaria de los radares y semáforos con cámara, ha reactivado el recurso contencioso administrativo que presentó en 2016 contra la Paeria, en el que reclama una compensación por cientos de miles de multas no impuestas a lo largo de la vigencia de la concesión a vehículos que circulaban a más de 50 kilómetros por hora pero a menos de 65, ya que el ayuntamiento solo las tramitaba a partir de esta última velocidad. Tal como publicó este diario, la empresa dejó en suspenso la vía judicial después de que la Paeria bajara a finales de 2017 a 60 kilómetros por hora la velocidad a partir de la cual multaban los radares, a la espera de alcanzar un acuerdo amistoso que no se ha materializado. Según la información facilitada por fuentes judiciales, Sice-Arnó reactivó el recurso a principios de este mes, cuando quedaban menos de dos semanas para que venciera el plazo para hacerlo, ya que en caso contrario hubiera prescrito.

El recurso tiene como punto principal el hecho de que la Paeria fijara desde agosto de 2014 y hasta finales de 2017 el límite mínimo de 65 kilómetros por hora para multar. El escrito de demanda argumenta que esta decisión es nula de pleno derecho porque vulnera la normativa vigente en materia de tráfico, que fija la velocidad máxima en las vías urbanas en los 50 por hora. En este sentido, remarca que la propia ordenanza municipal de circulación y el cuadro de multas de la Guardia Urbana explicitan esta obligación. Además, y tal como ha sostenido a lo largo de la concesión, afirma que fue la Paeria la que decidió unilateralmente fijar este límite de 65 por hora, sin que la empresa lo aceptara ni siquiera de forma tácita, cuando el pliego de cláusulas indicaba que debía pactarse entre las dos partes.

El nuevo gobierno municipal hereda ahora este conflicto que se arrastra desde hace 4 años

El recurso estima que el ayuntamiento dejó de validar en torno al 90% de las multas que deberían haberse impuesto a partir de los 50 por hora, con lo que su número podría rondar las 300.000. Pide al juez que condene a la Paeria a compensar a la empresa de acuerdo con lo previsto en las cláusulas del contrato, 9 euros por cada una, por lo que solo por este concepto el importe sería cercano a los 3 millones. Pero es que el recurso también reclama otra compensación por no haber utilizado el coche radar que la UTE aportó a la concesión y que, a excepción de días puntuales, nunca entró en servicio, así como otra por las infracciones captadas por los semáforos con cámara y no tramitadas, que estima en un 20% del total. En ningún caso solicita una cantidad concreta, sino que indica que deberá calcularse en la ejecución de sentencia.

La concesión se extinguió el pasado febrero, tras una prórroga de seis meses. Ahora, será el nuevo gobierno municipal el que herede este conflicto no resuelto durante la alcaldía de Àngel Ros ni durante la etapa final de Fèlix Larrosa.