TRIBUNALES POLÍTICA
Fiscalía archiva la denuncia del Comú contra Ros, Mínguez y Mestres por perdonar multas
Anticorrupción no halla indicios de delito en su gestión tras analizar expedientes sancionadores desde 2012 hasta 2017 || Talamonte: “Cumplimos con nuestra obligación tras detectar irregularidades”
Una vigilante de zona azul imponiendo esta semana una multa a un vehículo.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decretado el archivo de la denuncia presentada por el concejal Carlos González, en nombre del grupo municipal del Comú, contra el exalcalde Àngel Ros, la teniente de alcalde en funciones Montse Mínguez y la concejala de Seguridad en funciones, Sara Mestres, a los que acusaba de prevaricación, tráfico de influencias y malversación continuada de caudales públicos por perdonar, condonar o dejar prescribir multas de tráfico impuestas por la Guardia Urbana o formuladas por los operarios de la empresa concesionaria de la zona azul, Eyssa. La decisión llega después de casi dos años de investigación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tras constatar que no ha quedado acreditada la comisión de ningún hecho delictivo.
Pese al archivo, el concejal del Comú Sergi Talamonte señaló ayer que “tenemos la obligación legal de poner en conocimiento a las autoridades si detectamos cualquier irregularidad” y añadió que “a partir de ahí ya depende de Fiscalía”. Aun así dijo sentirse “desamparado, al ver como los órganos judiciales no siempre hacen el trabajo que entendemos que les correspondería”. Por su lado, el alcalde en funciones, Fèlix Larrosa, criticó “el mal uso que hacen de la justicia algunos grupos políticos, que no tienen escrúpulos para ensuciar el nombre de rivales con sospechas y falsedades para menoscabar una imagen y un prestigio que no han podido vencer en el debate político”.
El Comú aportó 665 relaciones de multas y la Paeria dijo que en 12 años habían prescrito 56
El Comú presentó en junio de 2017 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifrau y el CGPJ por la prescripción de multas en la Paeria, que incluía 60 expedientes con 665 relaciones de multas sobre 15 cargos electos, 12 funcionarios, 9 empresarios, 90 a un restaurante al que acudía habitualmente Ros, más de 60 a una persona del ámbito jurídico y sus familiares y otras 22 a un mismo cargo electo. Entonces, el gobierno de la Paeria negó cualquier trato de favor y afirmó que en 12 años habían prescrito 56 sanciones a cargos mientras que habían pagado 282.
El fiscal recogió la denuncia y encargó a la Policía Judicial de la Guardia Civil una investigación, que analizó hasta 101 expedientes sancionadores, algunos de los cuales correspondían a personas públicas señaladas por el Comú en su denuncia. En todos ellos, la causa de finalización del expediente sancionador fue por varios motivos, como por un error en la identificación del conductor, la falta de documentación y la ausencia de notificación al titular o conductor del vehículo. En estos casos, el fiscal pudo comprobar que se continuó el expediente contra el infractor. En cuanto a los anulados por prescripción, el fiscal determina que la tramitación y plazos fueron los correctos y, en los casos en que no se pudo notificar al titular, se notificó a través del BOP o el BOE.
