TRIBUNALES DESOBEDIENCIA
Fiscalía pide reabrir la causa contra los Mossos en Lleida por el 1-O
Presenta un recurso contra el auto judicial que exculpó a la cúpula policial en Ponent || Dice que se debe “completar la instrucción” por supuesta inacción
La Guardia Civil llegó a registrar la comisaría de los Mossos en busca de información.
La Fiscalía recurrió ayer el archivo provisional de la investigación penal contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra en Lleida por supuesta inacción en el referéndum del 1-O. El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Lleida después de que la semana pasada el juzgado de Instrucción número 4 determinara que el comisario Xavier Monclús y otros tres mandos no había incurridos en los delitos de desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos. La Fiscalía explicó que han presentado el recurso “para completar la instrucción y determinar si efectivamente fueron cometidos los referidos delitos”.
El juez que ha investigado el caso basó su archivo en tres aspectos principales. El primero de ellos es que los investigados “movilizaron todos los efectivos disponibles (608) y se pusieron a disposición del cumplimiento del plan operativo”. También añadió que no se había “acreditado indicio alguno de que los investigados tuvieran poder de dirección o control sobre el dispositivo planteado o ejecutaran orden alguna” y que no se falsificaron actas. En cambio, la Fiscalía se ha basado en la investigación practicada por la Guardia Civil, que determinó que los investigados desobedecieron las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y “colaboraron de forma activa en la celebración del referéndum ilegal sirviendo sus dotaciones para identificar y desvelar la posición del resto de cuerpos y dar auxilio a las asociaciones civiles”.
El juez determinó que movilizaron a todos los efectivos y rechazó que desobedecieran
Cabe señalar que fue el juez que entonces estaba al frente del juzgado de Instrucción número 4 de Lleida quien inició la causa de oficio el mismo día del referéndum. Incluso llegó a inhibirse y envió la causa a la Audiencia Nacional por un posible delito de sedición. La magistrada Carmen Lamela rechazó asumirla al considerar que los mandos policiales en Lleida no habían incurrido en este delito y que debían ser investigados por desobediencia.
La supuesta desobediencia tampoco existió, según determinó en una resulución reciente el propio juzgado instructor. Sin embargo, la Fiscalía de Lleida ha pedido a la Audiencia Provincial que reabra la causa y practique nuevas diligencias para determinar si hubo delito.
