El Constitucional decidirá sobre la querella contra Manso por el 1-O

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida contra el archivo de la querella contra la exdelegada del Gobierno central Inma Manso, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y otros mandos por las cargas policiales que hubo durante el 1 de Octubre en Lleida. Esther Sancho, abogada de la asociación, explicó que “estamos satisfechos porque es un caso que se había cerrado en falso y nosotros hemos aportado mucha información para que se investigara”.

Cabe señalar que el pasado mes de marzo la Audiencia de Lleida archivó el caso al considerar que se trataba de “un planteamiento tan genérico y una atribución de responsabilidad tan inespecífica que no puede servir de base para la iniciación de una investigación penal”. Inicialmente, el juzgado de Instrucción 1 de Lleida había admitido a trámite la querella presentada por Advocacia per la Democràcia e incluso ordenó identificar a todos los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en las cargas en doce colegios electorales de Ponent durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, así como entregar las comunicaciones entre estos cuerpos policiales y la sala de coordinación del dispositivo del 1-O. La Fiscalía solicitó el archivo ante el juzgado de Instrucción, que lo rechazó por haberlo presentado fuera de plazo. A pesar de ello, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que le dio la razón, por lo que revocó y inadmitió la querella, “dejando sin efectos las diligencias de investigación acordadas”. Pese al archivo de la causa, la asociación de letrados recurrió ante el Constitucional. Y en el supuesto de que lo vuelvan a archivar, tiene pensado acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como pruebas, Advocacia per la Democràcia presenta imágenes y vídeos que “demuestran el uso injustificado y excesivo de la violencia, que tenía como único objetivo infligir miedo a los ciudadanos”. Asegura que se vulneraron los derechos fundamentales y que se incurrió en delitos de tortura, prevaricación y desórdenes públicos.