Tensión vecinal en la Mariola por la okupación de un piso que se quemó

Los vecinos del edificio número ocho de la calle Venus, en el barrio de la Mariola, vive en una situación de tensión después de que una vivienda que se quemó a finales de junio haya sido “reokupada” por los mismos inquilinos que vivían en ella desde hacía tres años. Denuncian que la vivienda, un segundo piso, todavía tiene los desperfectos del incendio, que los okupas han pinchado la luz de la comunidad y que la entidad bancaria propietaria del piso, Bankia, no quiere responsabilizarse ni de reparar los desperfectos del fuego ni de tapiar la vivienda para evitar que entren más okupas. “Se trata de una familia que llevaba tres años okupando este piso y cuando se quemó el 28 de junio abandonaron el edificio”, asegura un vecino, que recalca que hasta que no hubo el incendio la familia no había ocasionado problema alguno. “No obstante, esta semana se han vuelto a instalar en el piso y no pueden seguir viviendo en esas condiciones”, lamenta el vecino, que añade que ayer la Guàrdia Urbana intentó entrar en el edificio para hablar con los okupas sin éxito y recibiendo insultos por parte de los inquilinos. “Hemos hablado con el ayuntamiento sobre este asunto, ya que creemos que Servicios Sociales debería proporcionarles otro alojamiento o un alquiler social, y nos ha recomendado que denunciemos a Bankia para que repare los desperfectos y tapien el piso hasta que sea vendido o alquilado”, dijo el mismo vecino. Por su parte, desde el ayuntamiento están estudiando el caso y prevén dar una respuesta los próximos días.

Impulsan una red municipal de gestión de viviendas

La Paeria y los ayuntamientos de Barcelona y Mataró impulsarán una red de municipios para la gestión pública de las viviendas con el objetivo de “colaborar y pedir a la Generalitat la implementación de políticas de vivienda que ofrezcan herramientas de gestión para el parque de pisos de los ayuntamientos y que facilite que se pueda captar vivienda pública”. Así lo aseguró ayer el teniente de alcalde y concejal de Vivienda, Sergi Talamonte, después de reunirse con su homóloga de Barcelona, Lucia Marin, y la concejala de Urbanismo de Mataró, Sarai Martínez. “Ha sido una primera toma de contacto para impulsar esta red, a la que esperamos que se sumen ayuntamientos de todos los colores”, dijo Talamonte, que hizo hincapié en desestigmatizar el hecho de recurri a una vivienda pública, un alquiler social o un recurso de emergencia. Paralelamente, el grupo promotor de la ILP de pobreza energética se reunió ayer con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros tres consellers para pedirles que cumplan la ley 24/2015 que prohíbe a las compañías eléctricas cortar el suministro a familias con dificultades. Por otro lado, el Parlament aprobó ayer una moción en la que reclama a la Generalitat invertir un mínimo de 1.000 millones en políticas públicas de vivienda.