Pueyo pide la condonación de la deuda de las facturas de la luz de las familias más vulnerables

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha hecho este lunes una declaración institucional en relación al burofax que el Ayuntamiento recibió el 1 de agosto en el que Endesa advertía de una deuda de cerca de 1,5 millones de euros que afectaba a 1.261 familias vulnerables de Lleida y de la cual reclamaba el pago de un 50%, además del aviso de una posible suspensión del suministro.

En primer lugar, Pueyo ha querido dejar claro que no aceptará ninguno ''chantaje ni nada que se parezca'', así como tampoco aceptará ''la amenaza'' de privar de un derecho básico como son la luz y el gas a estas 1.261 familias leridanas. Pueyo ha asegurado que si se tiene que escoger entre las ''granos corporaciones'' y las familias, siempre escogerán a las segundas. Asimismo, también ha considerado que la prioridad de la Paeria tiene que ser ''atender y proteger'' a las familias en situación de vulnerabilidad.

El alcalde ha defendido la aplicación de la Ley 24/2015, que fue aprobada por el Parlament a raíz de una ILP, que prohíbe ''tajantemente'' los cortes de suministro a personas vulnerables. Es por eso que ha pedido la condonación de la deuda acumulada por las personas protegidas por esta Ley desde 2015. Asimismo, ha instado a los ayuntamientos de Cataluña que han recibido esta reclamación de Endesa a que también lo hagan y se organicen con el objetivo de que ninguna familia y hogar se quede a oscuras, ni sin calor el próximo invierno y que ''ningún niño quede desatendido''. Después de Barcelona, Lleida es la ciudad donde la reclamación económica de Endesa es más importante.

Pueyo ha remarcado que hace falta ''romper el círculo de la pobreza y la exclusión social'' y también ha instado a las diputaciones a tomar partido en este conflicto que ''plantea un dilema'' entre los intereses de las grandes corporaciones y los de las personas más débiles de la sociedad.

No obstante, el alcalde ha querido poner énfasis en que quien tiene que liderar esta batalla jurídica y política tiene que ser la Generalitat y las conselleries implicadas. Así, ha pedido que hagan cumplir la ley a las compañías eléctricas en defensa de los derechos energéticos de la ciudadanía más vulnerable del país y también ha apostado para que desde el Govern se impulse la cooperación de las administraciones públicas así como que haga de ''paraguas'' en la negociación con las grandes compañías eléctricas y si ocurre facilite recursos por|para la gestión de la deuda.