La Generalitat advierte a Endesa de posibles multas si corta la luz a familias vulnerables

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, adivirtió ayer a Endesa que se enfrenta a expedientes y posibles sanciones si corta el suministro a las familias vulnerables (1.261 en Lleida, con una deuda conjunta de 1,5 millones, y 25.000 clientes y 21 millones en el conjunto de Catalunya). Endesa envió cartas a ayuntamientos, entre ellos la Paeria, proponiendo que asumieran el 50% de esta deuda y dando de plazo hasta el 1 de octubre para no cortar la luz, situación que ha provocado indignación en los consistorios. El Homrani ve “inadmisible” este escrito y recordó a Endesa que la ley 24/2015 de medidas contra la pobreza energética y la emergencia habitacional impide los cortes de suministros a familias vulnerables, argumento que también esgrimió el alcalde de Lleida.

Ayer, la Generalitat, las diputaciones, las asociaciones municipalistas ACM y FMC y las entidades del tercer sector acordaron dar una “respuesta conjunta y coordinada” que fuerce a la compañía a firmar convenios para solucionar los impagos. Tanto el conseller como el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer, indicaron que no concretaron los detalles del eventual convenio. De hecho, Ferrer apuntó que no precisaron porcentajes ni cifras porque no trabajan con “apriorismos” y apostó por buscar mecanismos para “ablandar posiciones y clarificar las reglas del juego”. Por esta razón, la Generalitat remitirá a Endesa su planteamiento, después de que la compañía enviara el suyo, y buscará acercar posiciones que debatirán en una mesa de trabajo en las próximas semanas. En este sentido, el jueves, representantes de los ayuntamientos que recibieron el burofax de Endesa se reunirán en Terrassa.

El tercer sector pide poner por delante los derechos de las personas y la máxima sanción si hay cortes

Por su parte, el portavoz del ámbito de la energía de la Taula del Tercer Sector, Martí Batllori, subrayó que “no se puede amenazar” con los derechos a las personas, celebró la respuesta conjunta acordada ayer y pidió a la Generalitat que lidere la acción para que “ponga por delante el derecho de las personas”. La Alianza contra la Pobreza Energética reclamó condonar el 100% de una deuda que ve “ilegítima”, cree que la compañía es responsable de que al menos un 30% de las familias vulnerables no se puedan acoger al bono social y solicitó al Govern que estudie las vías legales para imponer la máxima sanción a Endesa si corta suministros.