Serafín Romero: «Es absurdo que las autonomías no compartan la historia clínica»

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, participó ayer en Lleida en el XIV Congreso de responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos para trazar estrategias en defensa de la profesión, los pacientes y el sistema sanitario (ver desglose). En una entrevista a SEGRE, Romero analizó los principales retos de su colectivo.

¿Por qué un médico de familia en Aragón cobra hasta mil euros más que en Lleida?

La diferencia del sueldo base, antigüedad y guardias entre comunidades puede llegar a los 20.000 euros anuales. Esto genera un problema importante y el sistema sanitario tiene que procurar que no exista estas desigualdades que acaban produciendo una migración de médicos entre comunidades.

Además, en las zonas rurales o ciudades pequeñas cuesta atraer a especialistas.

Hay que paliarlo con medidas específicas. Por ejemplo, fidelizando a los MIR con buenos contratos, que estas plazas tengan una retribución mayor y que el médico no se sienta aislado. Hay que ofrecerle formación, oportunidad de investigación y no desligarlo del hospital de referencia de la zona.

¿Cuándo se podrá acceder al historial clínico de un paciente desde cualquier comunidad autónoma?

No podemos crear fronteras. El dueño del historial debe ser el paciente. No tiene sentido que un catalán que esté en Córdoba y acude al médico de familia, este no pueda ver sus datos clínicos. Es un contrasentido. Si ahora puedo sacar dinero de mi cuenta bancaria desde un cajero de Sídney, también debería poder acceder a un historial médico de cualquier paciente. El ministerio de Sanidad está trabajando en ello.

¿Cómo valora el decreto de la Generalitat de prescripción enfermera?

Hay que dejar claro que quien prescribe es el médico, ya que es quien hace el diagnóstico. Lo que ha regulado la Generalitat es habilitar a los enfermeros el uso y autorización de material de curas y fármacos sin autorización médica. En Andalucía funciona muy bien desde hace 10 años, ya que es una ley estatal a la que deben adaptarse las autonomías.