Paeria y Diputación claman ante la “injusticia” y suspenden actividades

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, anunció ayer, acompañado de todo el gobierno (ERC, JxCat y Comú), la suspensión de la actividad institucional de la Paeria de los próximos días, entre ellas el pleno de las ordenanzas fiscales de 2020 y las cuentas generales de 2018 previsto para mañana. En su lugar, se celebrará un pleno extraordinario para que todos los grupos puedan posicionarse respecto a la sentencia. Pueyo, en una declaración institucional, consideró que el juicio “no ha tenido en cuenta los hechos, sino sobre todo las ideas de los encausados, y se parece mucho a una venganza política”. “Votar o hacer lo posible para que se pueda votar no puede ser considerado un delito, en democracia”, indicó, y exigió “la amnistía de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la suspensión de las causas que afectan a centenares de personas por motivos políticos”.

Reclamó que “el Estado español reconozca la legitimidad democrática de las instituciones catalanas y sus representantes y se apruebe una ley clara de amnistía y libertad”. Afirmó que la sentencia “pone en duda la continuidad del estado de derecho en España” y defendió que “los conflictos políticos solo se pueden resolver con diálogo y más política”. “Hemos de coger la bandera de la democracia y de las libertades, tender la mano y estar abiertos a dialogar serenamente con todos”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, dijo que “no hay sentencia justa que no sea la absolución”. “Lo que ha culminado hoy es un ataque sin precedentes a las libertades de un pueblo”, escribió en su cuenta Twitter antes de viajar a Barcelona para mostrar su apoyo a la declaración del president Torra. Talarn informó de que la Diputación suspendía todas las actividades públicas previstas para ayer y convocó un pleno extraordinario para hoy. Asimismo, los vicepresidentes Jordi Latorre, de Junts; y Estefanía Rufach, de ERC, leyeron la moción de rechazo a la sentencia consensuada por ambos grupos y el Comú de Lleida y apuntaron que la sentencia es “injusta y desproporcionada” y que “la democracia en España muestra síntomas inequívocos de estar tocada de muerte”.

En la declaración se afirmó que la causa “ha sido un juicio político que nunca se hubiera tenido que producir”, por lo que se reclamó su puesta en libertad Se añadió que las condenas “han sido dictadas más con un ánimo de venganza de las estructuras del Estado contra el pueblo catalán por el referéndum del 1-O de 2017 que no con la voluntad de impartir justicia”. Reivindicaron “el derecho a la autodeterminación” e instaron a movilizarse, “reclamando diálogo, reivindicando la vía democrática de resolución del conflicto”.