La exconcesionaria de los radares presenta otros dos recursos judiciales contra la Paeria

La exconcesionaria del servicio de radares y semáforos con cámara (foto-rojo), la UTE Mobilitat Lleida (formada por las empresas Sice y Arnó), ha presentado dos nuevos recursos contenciosos contra el ayuntamiento, que se suman al que está pendiente de juicio sobre las multas no validadas a los vehículos que circulaban entre 50 y 65 kilómetros por hora.

Uno de los nuevos contenciosos está motivado por el hecho de que la Paeria, en una resolución del 25 de junio, declaró prescrito el derecho de la exconcesionaria a cobrar 193.185 euros en concepto de infracciones no validadas por la Urbana de foto-rojo y radares (solo a vehículos que iban a más de 65 por hora) entre marzo de 2014 y febrero de 2015. La UTE considera que no existe tal prescripción, ya que para su facturación ha seguido el procedimiento fijado por un informe del interventor municipal. Mientras, el segundo se refiere a una cuestión formal, aunque tiene un trasfondo económico. Considera que el consistorio calculó de “forma incorrecta y arbitraria” el plazo que le concedió para recurrir otra resolución de alcaldía que le reclama el pago de unos 700.000 euros por incumplimiento de diversas obligaciones previstas en el contrato de la concesión. Al margen de que entiende que esta reclamación no tiene fundamento, sostiene que la Paeria vulneró la normativa al dejarle sin apenas días hábiles para presentar alegaciones. Estos dos contenciosos se encuentran en su fase inicial. Es decir, la UTE ha notificado su presentación, que es un paso previo a la interposición efectiva.

Los dos recursos afectan a asuntos en los que hay en juego casi un millón, y el ya interpuesto, a unos tres

El que ya está en marcha y pendiente de la vista es el de la reclamación por parte de Mobilitat Lleida de que la Paeria le abone una compensación por los cientos de miles de multas no impuestas a lo largo de la concesión de los radares a vehículos que iban a más de 50 kilómetros por hora pero a menos de 65, ya que el ayuntamiento solo las tramitaba a partir de esta última velocidad. Aunque la UTE no las cuantifica, rondan las 300.000. Como la compensación por sanción no impuesta que fijaba el contrato era de 9 euros, el importe en discusión es de unos tres millones. El quid de la cuestión sobre el que deberá decidir el juez es que la empresa argumenta que la Paeria fijó unilateralmente el límite mínimo de 65 por hora para multar, cuando la ley obliga a hacerlo a partir de 50 por hora, mientras que el consistorio defiende que lo decidieron de mutuo acuerdo.

El servicio pasó a manos municipales el pasado marzo La concesión quedó extinguida el pasado mes de marzo, una vez finalizada una prórroga de seis meses que el ayuntamiento impuso a la UTE, y desde entonces la gestión de los radares y semáforos con cámara es estrictamente municipal. Acabó así un contrato que fue firmado en octubre de 2013, aunque los semáforos con cámara no empezaron a funcionar hasta marzo de 2014 y los radares, hasta agosto de ese mismo año. Hay varios dispositivos de cada uno de estos sistemas de control, pero solo multan tres a la vez. Desde 2018, los radares multan a partir de los 60 por hora en lugar de 65 por hora.