Archivada la causa contra la cúpula de los Mossos en Lleida por el 1-O

La Audiencia de Lleida ha archivado de forma provisional la causa penal contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra por supuesta inacción en el dispositivo policial para impedir la celebración del 1-0 en Ponent. La sala desestima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la interlocutoria del Juzgado de Instrucción número 4 que determinó que el comisario Xavier Monclús y otros tres mandos policiales no habían incurrido en los delitos de desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos. El Ministerio Público consideró que aún debían hacerse nuevas diligencias para completar la instrucción y determinar si se habían cometido estos delitos, aunque ahora la Audiencia considera que no son necesarias y acuerda el sobreseimiento provisional y no libre, como pedía una de las defensas, porque existen otros procedimientos penales abiertos en relación al 1-O y no pudiendo descartarse una eventual incidencia de su resultado en esta causa.

Ahora, la Audiencia comparte la postura del juez instructor de archivar la causa, aunque señala que la actuación de los Mossos no fue “efectiva” para poder dar cumplimiento de la interlocutoria del TSJC que obligaba a impedir la celebración del referéndum y señala que ningún cuerpo policial pudo evitarlo. La acusación de la Fiscalía se basó en un informe de la Guardia Civil elaborado con información extraída de los teléfonos, correos electrónicos y documentación intervenida en la comisaría de los Mossos en Lleida, que indicaba que la Policía autonómica participó de forma activa en la celebración del referéndum.

Se desplegaron todos los efectivos e incluso se alquilaron coches ? La Audiencia de Lleida, en su auto, rechaza dar por probadas las acusaciones de la Guardia Civil y de un mosso que declaró como testigo protegido y que señalaron la “inacción” de los Mossos durante el operativo policial del 1-O. La sala asegura que se desplegaron todos los efectivos disponibles en la provincia, rechazando solicitudes de permisos por necesidades del servicio, y que llegaron a alquilar vehículos con los que no se contaba. Y, todo, según el auto, “en aras a dar cumplimiento al auto del TSJC” para impedir el referéndum. También señala que no ha quedado probado que se dieran instrucciones para mantener una actitud pasiva. La causa se inició por posible sedición, pero la Audiencia Nacional se inhibió al rechazar este delito y solo aceptar posible desobediencia.