Veinte años de cárcel para el hombre que asesinó a una funcionaria en Acadèmia

Veinte años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por asesinato. Esta es la condena que la Audiencia de Lleida ha impuesto a Jordi Lanuza, el hombre que mató a la funcionaria de Educación Amparo Soler Betés, de 61 años, en su vivienda de la calle Acadèmia de Lleida el 17 de febrero de 2017. Un jurado popular le consideró culpable de asesinato. Lanuza también deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 80.000 euros.

El juicio se celebró en octubre en la Audiencia de Lleida y se alargó durante más de una semana. El jurado popular consideró por unanimidad que el instalador de fibra óptica era culpable “de matar a la víctima cuando esta no podía defenderse”. Basó su veredicto en las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron al asesino entrando y saliendo del edificio, donde permaneció durante 34 minutos, justo en la franja horaria en la que los forenses establecieron la hora del crimen. Otro elemento clave fue que la víctima tenía sangre con el perfil genético (ADN) del agresor en el bolsillo posterior de los pantalones que llevaba cuando la encontraron muerta en casa. El jurado también tuvo en cuenta la declaración de un vecino que se cruzó con Lanuza en la escalera y que oyó cómo se cerraba la puerta del piso de la víctima, por lo que la mujer esperaba al asesino. Asimismo, el jurado señaló las diversas contradicciones de Lanuza durante el juicio, ya que señaló que al no abrirle a la víctima la puerta se quedó en el rellano, mientras que en la declaración ante los Mossos dijo que se había ido. La víctima recibió cuatro puñaladas en el cuello y no pudo oponer resistencia, según los forenses. Los Mossos creen que el móvil fue económico y que Lanuza robó el dinero que la víctima tenía en casa. No es la primera vez que es condenado. En 2005, la Audiencia le condenó a cinco años de cárcel por atar y agredir a su expareja.

La familia de la víctima, satisfecha con la pena impuesta La abogada que representa a la familia de la víctima, Marta Duró, se mostró ayer “muy satisfecha” con la condena impuesta por la Audiencia y recordó que era la única parte que acusó por un delito de asesinato. Asimismo, señaló que se trata de “una pena elevada”, ya que la acusación particular solicitó una condena de 22 años y medio de cárcel, parecida a la impuesta. Cabe recordar que, tras el veredicto, la Fiscalía modificó su acusación, ya que solicitaba inicialmente por homicidio 15 años y pidió finalmente 21 por asesinato. La defensa cambió su solicitud de absolución por la pena mínima por asesinato (15 años). En cuanto a la responsabilidad civil, Fiscalía pidió una indemnización a la familia de la víctima de 52.000 euros. La acusación particular la elevó a 150.000.