La Fiscalía abre una investigación sobre la gestión del Club Banyetes

La Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó este miércoles el ayuntamiento de por presuntas irregularidades en la gestión del Club Banyetes, según ha podido saber este diario. El gobierno municipal presentó ante el Ministerio Fiscal y la Oficina Antifraude de Catalunya una denuncia contra la gestión del Club Banyetes entre 2006 y 2019 al considerar que hubo una serie de irregularidades que pueden ser constitutivas de tres delitos: tráfico de influencias, apropiación indebida de la marca y extorsión o soborno, según la concejala de Participación y Lucha contra la corrupción, Elena Ferre. Aunque no dijeron su nombre, el principal acusado es el profesor Jesús Costa, quien creó el Caracol Banyetes y dirigió el club cuando estaba al frente de la Fundación del Paisaje Urbano y fue gerente de la Fundación Teatre de la Llotja.

No obstante, Ferre no descartó que hubiera más personas implicadas de anteriores gobiernos y pidió que la justicia investigue y “se aclaren todas las responsabilidades políticas que han permitido, autorizado e impulsado las actuaciones que se reprueban”.

Sobre el presunto tráfico de influencias, Ferre explicó que se habría cometido “para que el creador del Banyetes pudiera obtener un puesto de trabajo creado específicamente para él en julio del 2005 en la Paeria, desde el cual no sólo se gestionó la creación del club, sino que siendo trabajador público llevó a cabo los trabajos de registro de la marca a su nombre”. El segundo posible delito, la apropiación indebida de la marca, sería porque, “después de ocupar este lugar de empleado a la Paeria, llevó a cabo la gestión del club desde la gerencia de la Fundación del Paisaje Urbano y de la Fundación del Teatre de la Llotja”, según Ferre. Añadió que “desde el 2006 hasta 2019 esta persona recibió 810.401,05 euros que reclamaba directamente de las arcas municipales para el club”, y el gobierno duda de que todo este dinero se hubiera destinado a esta finalidad. Finalmente, Ferre afirmó que hay una posible concurrencia de delitos contra la administración pública a partir “del momento en que decide explotar la marca onerosamente y exigir 42.000 euros anuales en la única empresa adjudicataria del contrato, por lo cual se apunta un posible delito de extorsión o soborno”.