Educación fijará la oferta de la concertada y no sufragará a colegios que segregan por sexo

El departamento de Educación tiene a punto un nuevo decreto de admisión de alumnos para luchar contra la segregación escolar intentando garantizar una mayor equidad entre todos los centros, tanto públicos como concertados, en lo que se refiere a la acogida de alumnos de origen inmigrante o de familias con menos recursos. Está previsto que entre en vigor el próximo curso y una de las novedades es que determina específicamente que “los centros integración en el Servei d’Educació de Catalunya [que incluye a todos los concertados] no pueden establecer diferencias en el acceso del alumnado por razón de género”. Esta disposición supone llevar a la práctica el principio general de la ley de Educación de Catalunya de que todos los centros con financiación pública deben coeducar a niños y niñas. Su aplicación deberá hacerse en el momento en el que se renueven los actuales conciertos, y en Lleida afectaría a los colegios Terraferma (masculino) y Arabell (femenino), ambos vinculados al Opus Dei.

Otros cambios afectan a la programación de la oferta educativa con la finalidad de avanzar hacia una mayor equidad. Así, el decreto incluye un punto que indica que “el departamento de Educación determina la oferta educativa anual de todos los centros del Servei d’Educació de Catalunya, con la participación de los ayuntamientos y de los diferentes actores educativos del área”. Es decir, que la conselleria también decidirá el número de plazas de las escuelas concertadas en el momento de la apertura de la preinscripción, cuando ahora solo interviene posteriormente cerrando grupos si hay poca demanda o analizando si concierta más si el número de inscritos supera a la oferta.

Esta disposición forma parte de un capítulo que regula la creación de las áreas de escolarización, que tiene como principio general que estas “deben garantizar la equidad escolar entre los centros”. También parte de la base que, “siempre que sea posible”, cada área tendrá tanto centros públicos como concertados. Asimismo, otro apartado está destinado a asegurar “la escolarización equilibrada del alumnado”, tanto por lo que respecta al que “presenta necesidades específicas de apoyo educativo” como a la “luchas contra la segregación escolar”.

Acciones para evitar la selección por motivos económicos El decreto cuenta con varios puntos destinados a evitar que los centros puedan seleccionar a los alumnos en función de su nivel socioeconómico. Así, prevé “principios de accesibilidad y de no exclusión en el acceso del alumnado con situación socioeconómica desfavorecida a las actividades complementarias y a los servicios escolares”, que es una de las barreras que frena el acceso de este tipo de alumnos a buena parte de los centros concertados y a algunos públicos. En esta línea, deja claro que se velará por que “ningún alumno con dificultades para sufragar el coste” quede excluido de estas actividades. Por otra parte, el decreto pretende reforzar las medidas para evitar casos de fraude en el acceso de los alumnos. Por un lado, creando un proceso de revisión y por el otro, estableciendo un nuevo supuesto de fraude “consistente en las prácticas informativas sesgadas tendentes a la selección del alumnado”.