'Guerra' en la UdL por el cambio de campus de Cappont a 1 d'Octubre

En plena efervescencia de las protestas tras la sentencia del ‘procés’, el pasado octubre la Universitat de Lleida (UdL)aprobó por mayoría absoluta en un claustro extraordinario sustituir el nombre del campus de Cappont por el de 1 d’Octubre. Pero el cambio no se ha hecho efectivo, y, ante el desacuerdo de “algunos sectores”, según indicó ayer un portavoz del equipo rectoral, se encargó un informe jurídico que ha concluido que esa modificación “no se podía haber aprobado porque no es competencia del claustro”. Por ello, añade, en el pasado consejo de gobierno acordaron crear una “comisión para el establecimiento de criterios para la denominación oficial de los campus de la UdL” que determine un mecanismo para proponer y aprobar nombres, sobre la base de la máxima participación y en consenso. Hasta ahora, la denominación de los campus se había hecho “de forma consuetudianaria”. El informe jurídico se basaría en el hecho de que la ley Orgánica de Universidades establece que los centros y facultades dependen directamente del consejo de gobierno y que el claustro no tiene competencias en ello.

Ante esta situación, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans informó de que ayer inició los trámites para presentar un recurso contencioso administrativo contra la creación de esta comisión. Considera que “se podrían haber cometido irregularidades” en su aprobación en el consejo de gobierno porque “no constaba en el orden del día ni se había facilitado la documentación con los tres días de antelación que estipula el reglamento”. Opina que la creación de esta comisión es “una estrategia del equipo de gobierno de la UdL para invalidar el mandato del claustro” y remarca que “nunca” se ha constituido ninguna para dar nombre a espacios o campus. Apunta que la comisión “responde a los intereses del gobierno de la UdL” porque de los catorce integrantes de la comisión, “diez son cargos y solo hay dos estudiantes”, y asegura que no se respetan “los acuerdos verbales con la vicerrectora de estudiantes”. En ese claustro también se aprobó declarar ‘non gratos’ al rey Felipe VI y a la delegada del Gobierno central en Catalunya, Teresa Cunillera.