Los bancos deberán ofrecer alquiler social a okupas sin ingresos que lleven 6 meses en el piso antes de iniciar el desahucio

Los grandes tenedores de viviendas, como las entidades bancarias o fondos de inversión, deberán ofrecer un alquiler social obligatorio con una duración de hasta siete años para las familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectadas por procesos de desahucios o bien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante (los casos de okupación) en el momento de la entrada en vigor del nuevo decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado esta mañana el Govern en Consell Executiu.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha destacado que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas. En el primero de estos objetivos, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento.

También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.