VIVIENDA GENERALITAT
Los grandes propietarios deberán ofrecer alquiler social a okupas antes de demandarlos
Si llevan más de seis meses en la vivienda y son reconocidos como familias vulnerables || Así lo establece un decreto aprobado ayer por la Generalitat como “plan de choque” para evitar más desahucios
Imagen del desalojo de un bloque de viviendas de la Sareb okupado por la PAH en Balàfia hace un mes.
La Generalitat obligará a los grandes tenedores de viviendas a ofrecer un alquiler social de hasta siete años antes de demandarlos a aquellos okupas que lleven más de seis meses en una vivienda y sean reconocidos como familias vulnerables. Así lo estipula un decreto ley que aprobó ayer el Consell Executiu, que también obliga a aplicar esta medida a las familias vulnerables a las que se les acabe el contrato de alquiler o se encuentren en procesos de desahucio. Asimismo, define como gran tenedor de viviendas a la persona física y jurídica que tenga más de 15 pisos en propiedad, ya que hasta ahora solo eran contempladas con este calificativo a las personas jurídicas que tenían más de 1.250 metros cuadrados de viviendas destinadas al alquiler.
El conseller de Territorio, Damià Calvet, manifestó que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas. “Se trata de un un plan de choque”, dijo el conseller, que cifró en 13.900 los desahucios que se produjeron en 2018, 868 de los cuales fueron en la provincia de Lleida, y en los dos primeros trimestres de este 2019 ya se han ejecutado 6.990, 377 en Lleida. En el primero de estos objetivos de este decreto, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco o siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica. El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión. También se implementarán medidas legales para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.
Se podrán acoger familias vulnerables a las que se les acabe el alquiler o estén en proceso de desahucio
Talamonte dice que hay 7.000 viviendas vacías entre las de grandes y pequeños tenedores
Asimismo, la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales tendrán más oportunidades para adquirir viviendas por la vía del tanteo y retracto para destinarlos a vivienda asequible.
El conseller de Territori también recordó que el nuevo plan territorial sectorial de vivienda, que se aprobará antes de un año, permitirá reservar para vivienda protegida un mínimo del 50% de techo en suelo urbanizable y un 40% en suelo urbano no consolidado en los municipios con demanda residencial “fuerte y acreditada”. Paralelamente, recalcó que la vivienda protegida tendrá una cualificación permanente asociada al régimen urbanístico del suelo sobre el que está edificado y un único módulo.
