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Los desalojados de la calle Major de Lleida han de dejar el hotel el 10 de enero

Denuncian que no encuentran pisos ‘asequibles’ para cumplir el plazo de Servicios Sociales || La Paeria afirma que les ayudará pero que deben ‘espabilarse’

Algunos de los afectados frente al bloque con la denuncia al juez de guardia.

Algunos de los afectados frente al bloque con la denuncia al juez de guardia.ÍTMAR FABREGAT

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Dos de las tres familias que fueron desalojadas el pasado 12 de diciembre del número 33 de la calle Major por las deficiencias del bloque, y que la Paeria reubicó en un hotel, denuncian que Servicios Sociales les dejará de costear la estancia el día 10 de enero. “Nos han dicho que de momento no tienen pisos de emergencia, pero que si nosotros encontramos otra solución nos ayudarán”, explicó uno de los afectados. Sin embargo, manifestó que “en la calle Major pagábamos 300 euros al mes y no encontramos nada por debajo de los 450 euros más gastos y ni la otra familia ni nosotros nos lo podemos permitir. Además hay que sumar los costes de la mudanza, ya que todas nuestras pertenencias siguen en los pisos afectados”. Una de las familias la forman seis adultos y dos menores y la otra dos adultos con una mascota. “La situación es muy preocupante y hemos tenido episodios de ansiedad porque no sabemos que pasará con nosotros y más de una vez han venido al hotel los servicios médicos”, afirmó.

Por su parte, fuentes municipales informaron que “de las tres familias que había alojadas en el hotel, una ya se ha espabilado por su cuenta y ha abandonado este establecimiento, mientras que las otras dos están convocadas a una reunión mañana”. Señalaron que “es cierto que desde Servicios Sociales se les ha dado un plazo, puesto que también es responsabilidad de los mismos afectados buscar soluciones al problema”. Aun así, apuntaron “en el encuentro de mañana se valorará la situación de nuevo, para poder tomar las medidas más oportunas, pero en ningún momento se dejará de acompañar y ayudarles a encontrar soluciones”.

Estas dos familias han llevado a los tribunales a la propietaria y al administrador de fincas del edificio “por haber alquilado un bloque con peligro de derrumbe”.

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