Aqualia también demanda a usuarios en situación de pobreza energética por impagos

La concesionaria del servicio del agua en Lleida, Aqualia, ha interpuesto varias demandas por impago del suministro a usuarios en situación de vulnerabilidad reconocida. A estas personas no puede cortarles el servicio, de acuerdo con la ley 24/2015 de pobreza energética, pero como esta no especifica quién sufraga la deuda, Aqualia inicia la reclamación de la deuda “para que no prescriba y que quede constancia de ella”, según explicó un portavoz de la adjudicataria. Hay que recordar que actualmente las administraciones y empresas suministradoras están negociando un convenio para decidir quién paga la deuda (ver desglose).

Una de las afectadas es Remedios S. R, de 60 años y vecina de Balàfia, a quien Aqualia ha demandado tras acumular 765,76 euros impagados. Los servicios sociales de Balàfia declararon el pasado verano a Remedios en situación de pobreza energética “dado que sus ingresos no superan el límite establecido por la ley”, según consta en su informe. “Estoy en el paro y recibo una ayuda social de 430 euros”, explicó Remedios, que manifestó que “con estos ingresos no puedo sufragar todos los suministros, pero sí que pago la luz”. “El pasado diciembre recibí la demanda de Aqualia y todavía no tengo fecha de juicio. Solo espero que se encuentre una solución para las personas que estamos sufriendo esta situación”, manifestó. Y es que Endesa también está haciendo lo mismo y, como avanzó este diario, una vecina de La Bordeta en situación de vulnerabilidad debe ir a juicio por una deuda de 5.832 euros.

Un portavoz de Aqualia afirmó que han interpuesto más demandas por impago de agua a usuarios vulnerables, aunque no concretó cuántas ni su importe. “La ley de pobreza energética establece que no se puede cortar el suministro a estas personas, pero no quién paga su deuda, por lo que como hacemos con todos los casos iniciamos la reclamación para que no prescriba”, señalaron y añadieron que “no es una situación agradable, pero son los pasos a seguir para que quede constancia”. También explicó que “en algunas ocasiones las personas que demandamos por impago nos instan a llegar a un acuerdo y les hacemos un plan de pago que, por ejemplo, salda la deuda pagando diez euros mensuales”.

La Alianza contra la Pobreza Energética exige a las suministradoras que retiren las demandas hasta que no se llegue a un acuerdo con las administraciones sobre quién paga estas deudas.

Mientras, la empresas afirman que de esta forma, se pone en evidencia la problemática del impago que se acumula, pero la Alianza contra la Pobreza Energética cree que es una estrategia de presión para firmar el convenio.

El Govern quiere que las compañías sufraguen el 60% La Generalitat, ayuntamientos y entidades sociales están negociando con empresas suministradoras de luz, gas y agua cómo sufragar la deuda que se acumula por pobreza energética. En una reunión del pasado mes de diciembre, las administraciones propusieron que las empresas paguen el 60% de la deuda futura de las familias vulnerables, mientras el Govern y los ayuntamientos se harían cargo del 40% restante. Además, quieren que las compañías asuman el pago de toda la deuda acumulada hasta que se firme un acuerdo. A pesar de las conversaciones, que arrancaron a finales de al año pasado, todavía no se ha llegado a ningún pacto.