Adjudicadas 45 viviendas públicas a familias vulnerables el pasado año y 430 desde 2013

La mesa de emergencia de Lleida ha adjudicado 430 viviendas a familias en situación de vulnerabilidad desde su creación en 2013 y hasta 2019. Del total, 146 pisos son de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU); 206, de la Agència d’Habitatge de Catalunya; y 78, procedentes de entidades bancarias y gestionados por la agencia. La mesa está formada por técnicos de la Paeria, la EMU y la Generalitat, que analizan las solicitudes y van adjudicando viviendas a las personas que cumplen los requisitos y según su grado de prioridad. Son cedidas por un año, con un alquiler muy bajo calculado en función de sus ingresos. Su situación se revisa cada año y en muy pocos casos las familias acaban dejando estas viviendas para incorporarse a otras del mercado libre.

El primer año de funcionamiento de la mesa adjudicó 44 pisos y la cifra fue aumentando rpogresivamente, con 47 en 2014 y 63 en 2015, hasta un máximo de 98 en 2016. En 2017 bajaron a 70, a 63 en 2018 y en 2019 fueron 45. El año 2019 cerró con 94 familias en pisos de emergencia solo de la EMU.

Los usuarios pagan una renta que puede ser incluso de solo 50 € en función de los ingresos familiares

Del total global, casi la mitad de los pisos (218) fueron cedidos por la mesa a desahuciados por impago del alquiler, así como ocho a afectados por procesos de ejecución hipotecaria y otros trece tras quedarse sin vivienda por una dación en pago. Además, se adjudicaron 21 a personas desalojadas por las condiciones estructurales de sus hogares (declaraciones de ruina, habitualmente) y 38 a afectadas por violencia de género. En 64 casos las viviendas fueron concedidas por la mesa a familias con menores con problemas de salud; en otros 30, también por cuestiones de salud agravados por las condiciones del lugar donde residían anteriormente; y en 15 más, la nueva vivienda supuso una mejor calidad de vida a personas con una disminución física de al menos el 65%.

El teniente de alcalde de Vivienda y presidente de la EMU, Sergi Talamonte, detalló que hay familias que pagan una renta que corresponde al 10%, 15% o 18% del total de sus ingresos, según el reglamento de la mesa, de modo que en ocasiones el alquiler puede ser de solo 50 euros. Explicó que se prioriza a familias con menores o personas dependientes a su cargo o bien con otras dificultades, y añadió que la mesa se va convocando a lo largo del año “en función de la demanda”. “El objetivo es que una vivienda pública de emergencia no sea el punto y final, hacer propuestas para la recuperación de las familias y que puedan subsistir por ellas mismas, que puedan acceder a una vivienda de alquiler asequible”, indicó, y añadió que “en el contrato programa presentamos nuevas líneas para ampliar el trabajo con esas familias con el fin de revertir su situación”. “Siempre hay casos complicados, pero la gente que en un momento dado ha tocado fondo, se puede recuperar”, subrayó, y afirmó que ayudan a los inquilinos a tramitar ayudas como la renta garantizada. Talamonte apuntó también que están impulsando la red de mediación para que propietarios pongan sus pisos vacíos en alquiler asequible.