Posibles multas de hasta 30.000 euros por los cortes en La Jonquera

La Guardia Civil ha abierto expedientes por la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, a los 18 leridanos investigados por el corte de la autopista AP-7 en La Jonquera (Girona) del pasado noviembre convocado por Tsunami Democràtic. Los afectados tuvieron conocimiento ayer de ello cuando acudieron a la comandancia de la Guardia Civil de Lleida, en el Secà de Sant Pere, tras ser citados a declarar por la causa penal abierta por los delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad en el tráfico, como informó este periódico el pasado sábado. Todos ellos se negaron a declarar. Ayer estaban citadas 13 personas y hoy será el turno de otras cinco. Se trata de vecinos de diversas poblaciones de Lleida que fueron identificados por los cuerpos policiales tras acudir a la protesta.

Carles López, letrado de Advocacia per la Democràcia de Lleida y que representa a varios de los investigados, explicó que “mientras esté abierta la causa penal, la vía administrativa de ley de Seguridad Ciudadana está paralizada. Sin embargo, si se archiva la causa penal, la Guardia Civil seguirá el caso por la vía administrativa”. En este supuesto, la Benemérita consideraría que son autores de una infracción grave, “lo que comporta un baremo de sanciones que van de los 601 a los 30.000 euros”, añadió López. Un juzgado de Figueres investiga la causa, que ha sido declarada secreta, por lo que Advocacia per la Democràcia recomendó a los investigados que se acogieran a su derecho a no declarar, a la espera de ver cómo avanza la investigación judicial. Carlos de Diego, uno de los investigados, afirmó que lo que estaba haciendo en La Jonquera era “libertad de expresión política”.

Los investigados contaron ayer con el apoyo de una treintena de personas, convocadas por los Comitès de Defensa de la República (CDR). Además de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra custodiaron el cuartel. No hubo incidentes.