El Parlament aprueba obligar a dar alquiler social a familias vulnerables

El pleno del Parlament validó ayer el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que prevé que los que sean propietarios de 15 viviendas o más deban ofrecer un alquiler social de hasta siete años a aquellas familias vulnerables a las que se les acabe el contrato de arrendamiento, estén en proceso de desahucio o lleven más de seis meses okupando el piso. El decreto fue aprobado con los votos a favor del JxCat, ERC , “comuns” y CUP, la abstención del PSC y la negativa de Cs y PP.

En lo que respecta al apartado de ofrecer el alquiler social a familias vulnerables, el decreto fija que se amplía la duración del contrato de alquiler social obligatorio que deben ofrecer los grandes tenedores. Pasa a ser de tres a cinco años si se trata de una persona física, o de tres a siete años si es jurídica. Además, se implementarán medidas para movilizar edificios con obras inacabadas con el fin de generar más vivienda asequible, si tienen finalizados el 80% de los trabajos, para acabarlos y destinarlos a alquiler social, según precisó el conseller de Territori, Damià Calvet. La nueva normativa también fija que la vivienda protegida tendrá un módulo único de un mismo precio, e incluye medidas para moderar precios de alquiler, aunque las competencias de la Generalitat en este ámbito son limitadas, según Calvet. Se hará mediante el Índice de Referencia del precio de alquiler y este deberá constar en los anuncios de arrendamientos y en los contratos, y ningún propietario que alquile su vivienda por encima de este índice podrá recibir a ayudas de la Generalitat.

Prorrogado seis años el derecho de tanteo para el tercer sector Otra de las novedades de este decreto ley es que prorroga seis años el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para administraciones y entidades del tercer sector (su derecho preferente a adquirir un inmueble para vivienda asequible), alargándolo hasta 2027. En este sentido, Calvet detalló que la Generalitat ha adquirido 3.000 viviendas por esta vía desde 2015 para el parque público. Además, la nueva normativa aprobada ayer por el Parlament prevé “ligar más” la política urbanística con la de vivienda priorizando que los ayuntamientos destinen solares a vivienda protegida de alquiler. Asimismo, incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios y para resolver necesidades temporales de alojamiento para familias en riesgo de exclusión.