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Aqualia reclama más de 10 millones a la Paeria por no subir la tarifa del agua

El contrato le obligaba a aumentarla un 12% en 2015 y un 5% en 2016, más el IPC

La renovación de la tubería en Sant Martí, dentro de la reforma de esta calle, es una de las últimas obras efectuadas en la red de agua.

La renovación de la tubería en Sant Martí, dentro de la reforma de esta calle, es una de las últimas obras efectuadas en la red de agua.AMADO FORROLLA

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El ayuntamiento de Lleida debe afrontar una reclamación de más de 10 millones de euros por parte de la concesionaria del agua, Aqualia, por no haber subido las tarifas de este servicio un 12 por ciento en 2015 y otro 5% en 2016, además del IPC, tal como establecía la prórroga del contrato aprobada por la propia Paeria en 2012.

Aqualia, la concesionaria del servicio del agua en Lleida, reclama a la Paeria una compensación de más de 10 millones de euros por el incumplimiento de la subida de tarifas estipulada en la prórroga del contrato firmada en 2012. En concreto, esta obligaba al ayuntamiento a aprobar sendas subidas del 12% en 2015 y del 5% en 2016, a las que había que sumar el IPC anual, pero el anterior gobierno eludió hacerlo. También estipulaba dos grandes subidas iniciales del 38% en 2013 y del 27% en 2014, que sí se aplicaron. Hay que tener en cuenta que el contrato establecía que la Paeria debería compensar a la concesionaria en el caso de que no aumentara las tarifas en los términos acordados.

Fuentes de Aqualia confirmaron la existencia de esta reclamación y señalaron que a lo largo de los últimos años han ido presentando sucesivas solicitudes de compensación, hasta ahora sin ninguna respuesta efectiva, después de que la Paeria no revisara el precio del agua ni en 2015 ni en 2016. Añadieron que están en conversaciones con el actual gobierno y se mostraron confiados en que podrán acabar pactando una solución. Además, precisaron que el importe de la cantidad económica reclamada puede rebajarse reduciendo las inversiones previstas en la red.

La Paeria podría compensar parte de la cantidad pendiente reduciendo las inversiones en la red

La prórroga del contrato cuenta con una cláusula que fija “un régimen de compensación al concesionario por incumplimiento del ayuntamiento de la obligación de modificar las tarifas por causas atribuibles a este”. Indica que esta podrá hacerse mediante “una reducción de los compromisos adquiridos en el plan de inversiones o por cualquier otro medio que se apruebe a este efecto”. De hecho, a raíz de una de las primeras reclamaciones presentadas por la empresa en 2016, el anterior equipo de gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que el consistorio asumiera directamente el pago a Aqualia de la cantidad que supondría la subida de tarifas en lugar de aplicarla a los usuarios, pero no lo acabó concretando, con lo que la compensación pendiente se ha ido incrementando.

Además de para financiar inversiones en la red de agua de la ciudad, la subida tarifaria debía servir para costear la amortización de las obras de la nueva traída de agua desde el pantano de Santa Ana a través de la mancomunidad de Pinyana. Su importe, junto con el de la compra de agua en alta, ronda los 2,5 millones de euros al año.

Concesión iniciada en 1993 y prorrogada hasta 2037 La del servicio de agua es una de las concesiones municipales más longevas en la capital, ya que se remonta a 1993, cuando fue adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas, que asumió la gestión a través de su filial Aigües de Lleida, actualmente integrada en Aqualia. El contrato tenía una vigencia de 25 años pero en 2012 el ayuntamiento aprobó con los votos del PSC (entonces con mayoría absoluta) y las abstenciones de CiU y PP una prórroga de 19 años, hasta 2037. El documento aprobado por el pleno explicitaba que esta ampliación estaba motivada porque la Paeria reconocía “activos pendientes de liquidar con Aigües de Lleida correspondientes mayoritariamente a la amortización de los últimos años”, que cuantificaba en 40,5 millones de euros. También preveía un plan de inversiones de 9 millones entre 2013 y 2022, aunque buena parte de ellas no se han llevado a cabo.

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