SEGRE

MEDIO AMBIENTE NORMATIVA

Lleida deberá limitar los coches más contaminantes

La ley de Cambio Climático prevé zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes|| Como máximo en 2023

Un cartel de la zona de bajas emisiones de Barcelona.

Un cartel de la zona de bajas emisiones de Barcelona.ACN

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La ciudad de Lleida deberá habilitar una zona de bajas emisiones como muy tarde en 2023, en cumplimiento de la ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno central está tramitando. El anteproyecto de esta normativa determina que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes apliquen esta medida. De esta manera, en la provincia de Lleida solo la capital deberá limitar la circulación de los vehículos más contaminantes en una zona de la ciudad, tal como ya hacen Barcelona o Madrid. El teniente de alcalde responsable del área de Vivienda y Transición Ecológica, Sergi Talamonte, se mostró favorable a la implantación de esta iniciativa, aunque consideró que la obligatoriedad debe ir acompañada de ayudas a los ayuntamientos para potenciar el transporte público y las áreas de peatones. En todo caso, indicó que el futuro pasa por medidas de este tipo.

Barcelona puso en marcha el pasado 2 de enero a zona de bajas emisiones y a partir de abril empezarán a imponerse multas de entre 100 y 1.800 euros a los vehículos más contaminantes que circulen por esta área. La zona está prohibida a turismos de gasolina matriculados antes de enero del 2000 y diésel matriculados antes de enero de 2006.

Talamonte pide que esta medida se acompañe de ayudas para potenciar el transporte público

El ministerio para la Transición Ecológica argumenta que en 2018 el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%. Destaca que, por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones y, de ellas, un tercio se concentran en las aglomeraciones urbanas. Remarca, además, que el tráfico es uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.

El anteproyecto también indica que los municipios de más de 50.000 habitantes deben impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida. El Gobierno desarrollará una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación obligará a instalar en edificios de nueva construcción.

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