EQUIPAMIENTOS MUSEOS
La UTE del Morera pide paralizar la obra hasta que Cultura decida sobre los restos
En un escrito a la Paeria, en el que también le reclama el proyecto modificado
Imagen de parte de los restos de las antiguas adoberías hallados en el sótano de la antigua Audiencia.
La paralización de las obras del futuro Museu Morera en la antigua Audiencia de Lleida está lejos de solucionarse. Después de que la Paeria instara a la adjudicataria a reanudarlas, esta ha respondido con un escrito en el que solicita la suspensión de los trabajos hasta que Cultura decida qué hay que hacer con los restos arqueológicos hallados.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras del futuro Museu Morera ha solicitado a la Paeria, a través de un escrito presentado el pasado jueves, que decrete la suspensión de los trabajos hasta que la Generalitat determine el valor de los restos arqueológicos descubiertos en el sótano de la antigua Audiencia -antiguas adoberías y un tramo de muralla- y el nivel de protección que deben tener. También pide que haga efectiva la modificación del proyecto para incluir la conservación de estos vestigios y, además, insiste en que debería incorporar los cambios necesarios para adaptarlo al planeamiento urbanístico vigente, a la normativa de instalaciones y al informe de los Bomberos.
La UTE, formada por Romero Polo, Arnó y Sorigué, responde así después de que la Paeria haya determinado que la única solución para reanudar esta obra, parada desde finales del pasado verano, pasa por que la adjudicataria asuma la ejecución del proyecto original con la única modificación obligada por los restos arqueológicos. No obstante, en el escrito al que ha tenido acceso este diario las empresas resaltan que esta modificación ni tan siquiera ha sido aprobada a pesar de que el director facultativo de la obra se comprometió hace 4 meses, en un informe, a tenerla lista en un plazo no superior a 15 días.
Dice que no le consta que la Paeria haya notificado a Patrimonio el hallazgo de los restos arqueológicos
El documento hace hincapié en que el reglamento de protección del patrimonio arqueológico obliga a que si aparecen restos en una obra, sus responsables deben pararla y notificar al departamento de Cultura de la Generalitat el hallazgo, y dice que a la UTE no le consta que esto se haya hecho. Destaca que es la dirección general de Patrimonio Cultural la que debe determinar cómo hay que conservar los vestigios y si, mientras, las obras pueden continuar parcialmente. En este sentido, detalla que el redactor del proyecto de estructuras indicó por escrito a la UTE que la cimentación se haría con micropilones que atravesarían la muralla, sin que constara que esta decisión estuviera autorizada por escrito por Cultura, ni tan siquiera por el servicio municipal de Arqueología. Añade que una actuación de este tipo sin el permiso de Cultura puede suponer la comisión de un delito.
Por otro lado, indica que estos restos afectan a la totalidad del proyecto porque, entre otras cuestiones, 5 de las 9 bases de la estructura metálica estaban previstas donde se han hallado.
Destaca que el proyecto carece de estudio del subsuelo El escrito de la UTE reitera diversas reclamaciones de otros anteriores, como la actualización de precios por el retraso en el inicio de las obras que la Paeria ha desestimado, decisión que las empresas han recurrido. Asimismo, subraya que buena parte de la cimentación, instalaciones y estructuras del nuevo museo fueron proyectadas sin haber hecho previamente un estudio geotécnico del subsuelo ni ninguna prospección de futuros restos arqueológicos. Señala que la propia memoria del proyecto explicita que “atendiendo que el edificio se encuentra actualmente en uso no se ha podido realizar estudio geotécnico del subsuelo”, y que dice lo mismo sobre las prospecciones, ya que cuando se redactó el edificio acogía los servicios de diferentes departamentos del ayuntamiento. En lo que se refiere a los posibles restos arqueológicos, indica que el proyecto establece que en caso de que aparecieran, el importe de la modificación del contrato no podía superar el 2,5% por el que fue licitado, lo que suponía un máximo de 100.978 euros, y solo preveía una partida de 1.316 euros para las prospecciones. El importe máximo fijado se queda muy corto en relación al modificado que está tramitando la Paeria que, según informó el gobierno en la comisión de Urbanismo, costará 434.000 €.
