Liberan personas explotadas laboralmente como temporeros en Lleida

La Guardia Civil ha liberado a 61 personas explotadas laboralmente por un grupo que captaba ciudadanos de la Europa del Este y los explotaba como temporeros en Castellón, Valencia y Lleida. En los últimos nueve años habrían captado a un millar de personas. Un total de 37 de los liberados han recibido el status de víctimas de explotación de seres humanos, y la mayoría ya han vuelto a sus países de origen, principalmente Rumania y Bulgaria.

Los jefes del grupo son un matrimonio de nacionalidad rumana y 49 y 45 años con antecedentes policiales por hechos similares. La operación se ha desarrollado en diferentes fases. En la última se han liberado 21 personas. Hay cinco detenidos, cuatro de los cuales han ingresado en la prisión.

Las víctimas eran captadas en sus países de origen, aprovechando siempre alguna situación de vulnerabilidad económica o personal. Se les ofrecía un contrato de trabajo al Estado y una vivienda digna y gratuita durante la estancia. Estas personas, que necesitaban urgentemente dinero, aceptaban la oferta e incluso se pagaban el viaje al Estado en autobús o en avión.

Cuando llegaban al Estado, los distribuían en diferentes casas y les pedían 20 euros para poder tramitar varios documentos, como el NIE. Pero nunca los acababan recibiendo. Además, no se les dejaba salir de las casas donde vivían, sólo para ir a trabajar. Siempre estaban acompañados. También tenían que pagar tres euros diarios en concepto de traslado al puesto de trabajo, y 75 euros mensuales por alquiler de la vivienda.

Trabajaban desde las 7.30 hasta las 18.30, cada día. Les pagaban en metálico, pero les obligaban a abrir una cuenta bancaria. El matrimonio los acompañaba al banco a hacerlo y daban su dirección para recibir las tarjetas de crédito y débito contratadas. También se quedaban la libreta, de forma que podían retirar el dinero que quisieran. Eran dinero ingresado por las Empresas de Trabajo Temporal que contratarían legalmente las víctimas.

Enviaban todo este dinero a su país de origen para blanquearlo. A las víctimas les pagaban en metálico cantidades muy pequeñas, descontando cantidades en concepto de deudas que los trabajadores nunca llegaron a entender. Con algunos utilizaron la violencia cuando protestaron.

Los trabajadores vivían en muy malas condiciones, con 25 personas en tres habitaciones y una cocina en común, en condiciones de total insalubridad. La operación ha sido coordinada por el juzgado de instrucción número 2 de Nules (Castellón).