Aprobado el plan para evitar el colapso judicial entre críticas y dudas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto disieñado por Justicia para inentar evitar el colapso de los juzgados cuando se reanude la actividad, un texto con medidas organizativas, procesales y concursales recibido con críticas y dudas desde diversos ámbitos ante la falta de presupuesto y consenso. De hecho, el PP ya ha dicho que no ve posible apoyar el real decreto cuando llegue al Congreso. Como ya se había avanzado en los últimos días, el decreto apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Prioriza además los casos que tengan que ver con la protección de menores; moratoria de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas, o despidos. Habilita buena parte del mes de agosto (del 11 al 31) y prevé organizar jornadas de mañana y tarde en los juzgados. Sobre el mes de agosto, los abogados leridanos se habían sumado a otros colectivos a la hora de rechazar esta medida si no iba acompañada de una concentración de las vacaciones, con la intención de tener plena actividad en los meses de julio y septiembre (ver SEGRE de ayer). Por su parte, el CSIF ve ineficientes las medidas y critica que no vayan unidas a un plan negociado para que las plantillas se reincorporen de manera segura, lo que exige, a su opinión, hacer test fiables a todo el personal. Por su parte, CCOO exige que la jornada de tarde y la movilidad sean siempre voluntarias.

Por su parte, la consellera de Justicia, Ester Capella, criticó el decreto del Gobierno y pidió que la mediación sea obligatoria antes de ir a juicio en casos de familia como las custodias de menores, por pensiones o por conflictos vinculados a la vivienda, quedando excluidos los casos de violencia machista.