La Paeria privatiza la persecución del fraude en el IAE y la tasa a empresas de servicios

El ayuntamiento ha sacado a licitación la contratación de un servicio de apoyo en materia de inspección tributaria que en la práctica supone la privatización del control del fraude en los impuestos de actividades económicas (IAE), de aprovechamientos especiales y del de instalaciones y obras (ICIO) durante dos años. Este será el plazo de vigencia del contrato, y las bases del concurso prevén que la empresa adjudicataria obtendrá como retribución el 15% del importe que la Paeria ingrese como resultado de su trabajo en concepto de los cantidades no abonadas y la consiguiente sanción.

Las dos principales tasas sometidas a inspección gravan a empresas. Por una parte el IAE, por el que la Paeria ingresa unos 6 millones anuales, que se aplica a las firmas que facturan más de un millón al año. Por otra, la tasa de aprovechamientos especiales, que grava la utilización del suelo, subsuelo o del vuelo (espacio aéreo) de la vía pública por parte de las empresas de servicios de telefonía, electricidad, gas y agua. En este caso, el consistorio recauda unos 2 millones anuales. También el ICIO, aunque el nivel de fraude se estima muy bajo.

El informe de la licitación especifica que la inspección se hará sobre todos los ejercicios no prescritos, los cuatro últimos, y estima que la cantidad defraudada que puede recaudarse se eleva a 4.836.836 euros, entre las cuotas (3,883 millones) y las sanciones por no haberlas pagado en su momento (953.676 euros). Del total, 725.525, 42 euros serían para la empresa en concepto de la prestación de servicio, que con el IVA aumentan hasta los 877.885,76. Este es el presupuesto máximo que se fija para la licitación. El informe prevé tres prórrogas para que la adjudicataria complete todos los expedientes que inicie durante los dos años del contrato, por lo que su importe final se elevaría a 1.015.735,61 euros. También indica que “calculamos unos porcentajes de ocultación de entre un 15% y un 35% dependiendo de los diferentes tributos”, aunque a la vez señala que “la recaudación voluntaria de los años anteriores es de alrededor del 95%”.

La fórmula utilizada por el gobierno tripartito de ERC, JxCat y el Comú es similar a la que aplicó el anterior gobierno socialista en la implantación de los radares fijos y los semáforos con cámara, concesión ya extinguida, que fue uno de los grandes caballos de batalla del Comú cuando estaba en la oposición. En este caso, la empresa se hizo cargo de la inversión inicial y a cambio de ello y de la gestión percibía algo más de un 30% de las multas tramitadas. Por el contrario, el programa de gobierno del actual tripartito ponía énfasis en remunicipalizar servicios privatizados si es posible. Así, señala explícitamente que la municipalización del servicio del agua “es un objetivo” y que estudiará hacer lo propio con el de la zona azul y el del alumbrado.

La resolución del concurso se dilatará con toda seguridad, ya que ayer mismo la Paeria hizo público que se ha presentado un recurso que ha remitido al Tribunal de Contratos Públicos.

El gobierno dice que es una acción temporal por falta de personal

El equipo de gobierno, a través de un portavoz, argumentó la contratación de una empresa externa afirmando que “el personal de la inspección tributaria es el que es y no podemos ampliar plantilla, ya que nos lo impide la tasa de reposición del personal de las administraciones públicas”. Destacó que el objetivo es “una inspección específica y temporal de tres tributos para regularizar determinadas situaciones detectadas que, por su volumen de trabajo, no se puede hacer con personal propio”. Acto seguido, precisó que una vez terminada esta labor en el plazo de dos años, los datos aflorados “se incluirán en el padrón y se hará el seguimiento con personal propio”. Sobre la estimación del fraude en entre el 15% y el 35%, cuando la recaudación voluntaria de los impuestos municipales es del el 95%, indicó que es el que han detectado inspecciones similares en otros municipios.