La Iglesia pide renovar el concierto a escuelas que segregan por sexo

Los obispos catalanes han pedido a la conselleria de Educación de la Generalitat que “reconsidere” la decisión de no renovar el concierto a las escuelas que diferencian por sexo, según informó ayer la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET). En un comunicado, indicó que en la reunión telemática celebrada el pasado martes, los obispos vieron con “preocupación” la decisión de la Generalitat, que el viernes pasado publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que denegaba provisionalmente la renovación de unidades concertadas de Primaria a 11 escuelas catalanas que segregan por sexo, pero les concedió un año de prórroga. Tal como publicó este diario, dos de los centros afectados son el Arabell y el Terraferma, cuya titular es Institució Lleida, vinculada al Opus Dei.

Los obispos catalanes han expresado a Educación su deseo de que sea “respetada la libertad de educación y el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos”. Por eso, le han pedido que considere la escuela concertada como parte del Servicio de Educación de Catalunya, tal como indica la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

La Generalitat argumenta que estos centros incumplen la coeducación mixta, que es básica

La resolución publicada en el DOGC por la conselleria señala que estas once escuelas catalanas “no cumplen el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta, que ha de ser objeto de atención preferente”. Precisamente, esta decisión se basa en la aplicación de la LEC y también de la ley Orgánica de Educación estatal, que dispone que los centros que segregan por sexo deben exponer en su proyecto las razones educativas de la elección de este sistema y las medidas académicas que desarrollar para favorecer la igualdad. No obstante, les concede un año de prórroga, para evitar “el grave perjuicio para las familias” que representaría que los centros no estuvieran concertados ya el curso que viene.

Tras hacerse pública esta resolución, Institució Lleida destacó que la conselleria no ha tenido en cuenta la documentación que presentó en el plazo fijado para ello.