¡Tres millones en multas en Lleida!

Una de las medidas más controvertidas del estado de alarma ha sido la restricción de movilidad, que se ha empezado a relajar con la desescalada. Para que la ciudadanía cumpliera el confinamiento, se ordenó a los cuerpos policiales la vigilancia de conductas prohibidas como salir a la calle sin justificación. En total, durante poco más de dos meses se han levantado más de 5.600 actos a las comarcas de Lleida de un total de 130.000 en toda Cataluña.

Los agentes de la autoridad no son los encargados de cuantificar la sanción. Es una competencia de la consejería de Interior, que no las ha tramitado hasta ahora porque los plazos administrativos se habían suspendido y no se levantan hasta mañana. Desde la consejería concretan que está “en la fase de incoación de los expedientes sancionadores, previa a la notificación.”

Aunque se desconoce el importe de las sanciones, a mediados de abril el ministerio del Interior orientó una multa mínima de 601 euros y una máxima de 10.400 en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Teniendo en cuenta que la sanción mínima es de 601 euros, sólo en Lleida la suma de las multas podría superar con creces los tres millones de euros. Esta política sancionadora ha generado grandes críticas de juristas.

El catedrático de Derecho Penal de la UdL y de la UOC, el leridano Josep Maria Tamarit, destacó en un artículo publicado en SEGRE sobre supuestos abusos del estado de alarma la afición del Gobierno “a aplicar masivamente a los transgresores del confinamiento la ley de Seguridad Ciudadana que los partidos que lo sustentan reprobaban cuando era a la oposición”.

También la comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Lleida es muy crítica con el renombre: “Es la arbitrariedad, el control y la censura hecha ley”, explica a preguntas de este diario al letrado David Gil, miembro de esta comisión. “Ya cuando se publicó, numerosos profesionales pusimos de manifiesto las consecuencias que ahora sufrimos. La norma afecta derechos fundamentales como el de la intimidad o el de la libertad personal, y algunos principios jurídicos.”

Ambigüedad

Según la comisión de Derechos Humanos de la abogacía leridana, “los términos que utiliza la norma son lo bastante ambiguos y amplios para ampliar las estructuras y el aparato represivo del Estado contra la población. Se están produciendo denuncias insólitas por parte de la policía en ámbitos tan absurdos como pasar de largo de un supermercado para ir a comprar al establecimiento habitual de confianza, no tratar de usted el agente o criticar la extralimitación de los policías en el ejercicio de sus funciones”.

Montserrat Meseguer Es Delegada de Interior en Lleida  La gestión y notificación de las sanciones es competencia del departamento de Interior. ¿Por qué todavía no se han notificado las denuncias a los ciudadanos? Mañana se levantan todos los plazos administrativos y se empezarán a tramitar las denuncias. No se ha podido hacer antes porque, por ejemplo, no había periodos de alegación. Se comenta que muchas de estas denuncias no se notificarán. Es falso. Ha pasado el mismo con las sanciones de tráfico, por ejemplo. La suspensión de plazos ha provocado esta demora porque es un procedimiento que se tiene que hacer con todas las garantías. ¿Cuáles son, por tipología, las infracciones que más se han detectado? Para las policías locales, las personas que estaban en la vía pública sin ningún tipo de justificación. En cambio, la mayoría de las de los Mossos d'Esquadra han estado por circulación de vehículos en desplazamientos en segundas residencias. Desde la Generalitat se sigue pidiendo que la gente sea responsable porque todavía no se ha acabado la crisis. Evidentemente, porque todavía queda mucho. Ha habido una cierta relajación por parte de la ciudadanía y se tiene que seguir apelando a la responsabilidad individual y colectiva. Tenemos que ser conscientes de que se tienen que respetar todas las indicaciones.

David Gil es miembro de la Comisión Derechos Humanos del Colegio de Abogacía ¿Son desproporcionadas las multas mínimas de 601 euros? Para ver la dimensión de la sanción, sólo hay que recordar que las ayudas estatales a autónomos que hayan sufrido una reducción superior al 75 por ciento de los ingresos es de 601 euros, y los beneficiarios de una PIRMI reciben entre 400 y 500 euros. ¿Estas sanciones dan un poder excesivo a la policía? La discrecionalidad, el poder de valoración y la presunción de veracidad de los agentes que recoge el artículo 52 de la ley hace que vivamos un alarmante incremento de los abusos policiales. La ley confunde seguridad con control social y represión, la saca del contexto de los derechos humanos y está consiguiendo desincentivar la protesta y la disidencia, lo cual se conoce como “buro-repressió”, una desmovilización a fuerza de sanciones administrativas. ¿Desde la comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía se aconseja recurrir estas sanciones? La comisión de Derechos Humanos de Lleida no es un órgano con capacidad para asesorar ni aconsejar. El que sí que podemos señalar es que cada caso es único y que tiene que estudiarse con detenimiento por parte de los profesionales, que estarán dispuestos no únicamente a asesorarlo en relación con las sanciones sino también respecto del contenido de la norma.