TRIBUNALES VIOLENCIA DOMÉSTICA
Condenado por cambiar la cerradura de casa al pedir su mujer el divorcio
La víctima tuvo que pedir un alojamiento social al no poder entrar en su vivienda
La Audiencia de Lleida ha condenado a un hombre por cambiar la cerradura de la vivienda familiar después de que su mujer le anunciara que iba a iniciar los trámites del divorcio, obligando a la víctima a tener que pedir un alojamiento provisional a los servicios sociales al no poder acceder a su vivienda. El tribunal confirma la pena impuesta en primera instancia por el Juzgado Penal 2 de Lleida por un delito de coacciones leves en el ámbito familiar a una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. También se prohíbe al procesado tener armas por un periodo de un año y dos meses.
La sentencia considera probado que el procesado llevaba casado con la víctima más de 20 años y que la mujer le había manifestado su voluntad de iniciar los trámites para divorciarse, una decisión que él no aceptaba. Según la Audiencia, la mujer se fue unos días a su país de origen para arreglar una documentación y al regresar a Lleida no pudo entrar en su vivienda porque su pareja había cambiado la cerradura del piso y se negó a entregarle a su mujer sus objetos personales. La sentencia fecha los hechos en septiembre de 2019. Después de que el hombre cambiara la cerradura, continúa el fallo judicial, la denunciante tuvo que acudir a los servicios sociales para solicitar un alojamiento provisional, ya que no podía acceder a la casa y no tenía dónde dormir. La sentencia ahora confirmada por la Audiencia fue recurrida por la defensa del acusado, que reconoció que había cambiado la cerradura de la vivienda familiar pero dijo que lo había hecho porque su mujer le había comunicado que no tenía intención de regresar, lo que la denunciante niega. El tribunal da plena credibilidad al testimonio de la denunciante, que siempre ha mantenido su versión de lo ocurrido, y rechaza el recurso. También considera proporcionada la pena impuesta al señalar que se trata de un delito de coacciones psicológicas, ya que el cambio de cerradura obligó a la denunciante a tener que buscar un alojamiento provisional, con los daños morales que eso supuso. La sentencia aún no es firme.
Tras la declaración del estado de alarma, los servicios de emergencias y policiales han incrementado la protección de las víctimas de violencia machista al verse más vulnerables. Un refuerzo que se ha mantenido con el desconfinamiento.