Interior tramita 7.000 multas por saltarse las restricciones del estado de alarma en Lleida

La conselleria de Interior ha iniciado la tramitación de las actas que se han levantado durante el estado de alarma por saltarse las restricciones de movilidad. De las 130.000 denuncias que se han contabilizado en Catalunya, unas 7.000 corresponden a las comarcas de Lleida, según informó ayer el departamento a este periódico. Concretamente, son unas 5.200 en las comarcas del llano y otras 1.800 en las comarcas del Pirineo. Representan el 5,4% del total en Catalunya. La tramitación no se ha iniciado hasta ahora porque los plazos administrativos quedaron suspendidos hasta finales de mayo, lo que podía causar indefensión, por ejemplo, para recurrir. Interior espera que en breve empiecen a notificarse.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers de Interior y Salud, Miquel Buch y Alba Vergés, respectivamente, firmaron el 2 de junio un decreto ley acordando que la potestad sancionadora fuera exclusivamente del departamento de Interior, por tener la competencia de seguridad ciudadana y protección civil. Según el departamento, las actas se han levantado por dos vías, la ley de Salud Pública y la ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ley Mordaza).

En Catalunya la cifra asciende a 130.000, y hay 5.200 en el llano y 1.800 en el Pirineo de Lleida

Uno de los aspectos que no ha trascendido es el importe concreto de las sanciones. Los cuerpos policiales solo notificaban a los infractores el motivo de la denuncia, pero en ningún caso su cuantía. Sin embargo, a mediados de abril el ministerio del Interior envió una comunicación a las delegaciones de gobierno para orientar y graduar la incoación de sanciones, que establecía una multa mínima de 601 euros y una máxima de 10.400 (ver desglose). Teniendo en cuenta este baremo, en el que la sanción mínima es de 601 euros, solo en las comarcas de Lleida la suma de las multas podría superar con creces los 4,2 millones de euros. El día que se impusieron más fue el 24 de marzo con 207 entre Mossos y Urbana. Esta política sancionadora ha generado grandes críticas de juristas. Es el caso de la comisión de Derechos Humanos del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que alertó que la ‘ley Mordaza’, en la que se basan las sanciones, atenta contra la intimidad y la libertad personal.

El ministerio propuso sanciones de 601 euros hasta 10.400 euros

La multa mínima por una infracción de este tipo, según el criterio del ministerio del Interior, tiene que ser de 601 euros. Es el caso de los desplazamientos no autorizados. En cambio, la máxima, de 10.400 euros, correspondería a “la organización o participación en actividades en común, festejos o celebraciones”. La propuesta para desplazamientos a segundas residencias, una de las infracciones más habituales, es de 1.500 euros. Durante estos meses se han conocidos casos curiosos, como el de un operario de líneas eléctricas que fue denunciado por los Mossos en El Pont de Suert después de que descubrieran a su mujer y sus dos hijos escondidos en el maletero de una pick up, o el de enfermo de Covid-19 en Garòs que fue multado por salir a pasear a la calle saltándose el aislamiento en su casa pese a no estar todavía curado y tras pasar varios días en el hospital.