“Líneas rojas” para proteger los derechos en situaciones de crisis

A prender de los errores y establecer “líneas rojas” para proteger los derechos fundamentales de la población de las decisiones que se puedan tomar en situaciones de emergencias. Estos serán los principales cometidos del nuevo comité de expertos puesto en marcha por la conselleria de Justicia para establecer límites en las medidas de seguridad y para la protección de los ciudadanos en momentos excepcionales como la pandemia de la Covid-19. Una situación de emergencia inesperada que para los expertos ha llevado a tomar decisiones improvisadas y con poca reflexión sobre cómo afectaban a los derechos y libertades de la ciudadanía, que han tenido que hacer un “sacrificio” en pro de la salud. El doctor en Derecho y director de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, es el coordinador de este comité “pionero” en Europa, según destaca la Generalitat. “Este grupo de expertos nace de la constatación de que en situación de excepcionalidad para proteger la salud y la seguridad se toman medidas que tienen costes en otros derechos y libertades de la ciudadanía, con un sacrificio excesivo en algunos casos”, señala. Sobre los derechos fundamentales que pueden verse vulnerados en situaciones de crisis, Bernadí destaca el de libre circulación, con una medida drástica como el confinamiento, la prohibición de manifestaciones o los sistema de geolocalización que vulneran la intimidad de la ciudadanía. También medidas como la toma obligatoria de la temperatura o la persecución legítima de las “fake news” que puede “acabar restringiendo” el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, constata un déficit importante de transparencia en la información.

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la UdL y de la UOC Josep Maria Tamarit, que también forma parte de este comité de expertos, no tiene dudas de que se han limitado derechos de forma muy importante y profunda a causa de la Covid. “Nadie discute que es una situación de necesidad pero sí debemos debatir el coste que han supuesto estas decisiones en las libertades de la ciudadanía”, señala. Para ello, destaca que analizarán el impacto que ha tenido el confinamiento sobre todo en los colectivos más vulnerables, como los menores de edad, las personas con discapacidad o trastorno mental y las personas mayores, que han sufrido “graves consecuencias” al aplicarse de forma homogénea restricciones que podrían haber tenido alternativas. La reacción de la sociedad a estas limitaciones también será clave en el debate. “La sociedad ha tenido una reacción dócil, poco crítica, condicionada por el miedo, y ha asumido el sacrificio sin cuestionar si las medidas afectaban a sus derechos”, señala Tamarit.

El comité prevé tener su informe en otoño en previsión de un rebrote. “Debemos estar preparados, plantear alternativas a la restricción y aprender de la experiencia para no cometer los mismos errores”, destaca Bernadí.