Investigación judicial por el 8M en Lleida

El Juzgado de Instrucción 3 de Lleida ha abierto una investigación a raíz de una denuncia particular presentada contra la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, y el subdelegado en Lleida, José Crespín, por las manifestaciones del 8 de marzo en la provincia. Según informaron fuentes judiciales, la denuncia se presenta por presuntos delitos de prevaricación administrativa cometido por omisión y de lesiones imprudentes. La denuncia se presentó el pasado 14 de abril y, una vez transcurrido el estado de alarma, el pasado 19 de junio se dictó acto de incoación de diligencias, por lo que la magistrada pidió un informe a la Guardia Civil, que aún está elaborando. Por ello, agentes se presentaron el pasado martes en la subdelegación del Gobierno en Lleida para pedir documentación sobre la tramitación de manifestaciones entre los días 6 y 8 de marzo, según confirmó el propio Crespín a este diario. Sin embargo, esta información no pudo ser entregada a la policía judicial porque la subdelegación no tiene competencias al respecto, tal y como manifestó Crespín. Hay que tener en cuenta que la manifestación tuvo lugar antes del estado de alarma, por lo que su celebración solo debía notificarse a la Generalitat. De hecho, la Fiscalía de Lleida recurrió ante la Audiencia la tramitación de esta denuncia al considerar que no hay delito y pidió su archivo al señalar que los denunciados no tienen competencias en este caso. En su escrito recuerda que en Catalunya la administración competente es la Generalitat. Además, dice que las lesiones imprudentes no han sido denunciadas ni pueden ser atribuidas a la celebración de las manifestaciones. Asimismo, el Ministerio Público destaca que no se ha acreditado que con las manifestaciones se produjera un concreto contagio, tal y como alegó el Juzgado número 51 de Madrid que también cerró una denuncia similar por el 8M contra el delegado del Gobierno en la capital.