El vodevil del reconfinamiento

La Generalitat celebró la tarde del pasado domingo una pomposa rueda de prensa en Lleida (dos consellers, alcalde, delegado del Govern, presidente de la Diputación y presidente del consell comarcal, todos con mascarilla) en la que anunciaron el endurecimiento del confinamiento en Lleida ciudad y 7 municipios del Baix Segre por el crecimiento de los contagios de coronavirus en estas zonas. En su momento sorprendió que los consellers arrinconaran al alcalde, que es la máxima autoridad en la ciudad, por delante incluso del (clamorosamente ausente) presidente de la Generalitat. Pero esta anomalía protocolaria sería una nadería teniendo en cuenta lo que vendría después, ya que de forma incomprensible las muy importantes restricciones de movilidad que se anunciaron en esa rueda de prensa, con evidente afectación de derechos fundamentales, no contaban con la debida autorización judicial. Lo que sucedió después fue esperpéntico. Ciento sesenta mil leridanos (los que residen en Lleida, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs, La Granja d’Escarp y Massalcoreig) se fueron a dormir convencidos de que estaban encerrados en casa y se levantaron con la exclusiva de SEGRE que informaba de que el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, en funciones de guardia, había desautorizado lo anunciado horas antes por la Generalitat. Ocurrió a la una menos cuarto de la madrugada del lunes, cuando se dio a conocer un auto en el que la jueza daba la razón al fiscal-jefe de Lleida, Juan Boné, que se opuso al confinamiento al ser una competencia estatal mediante estado de alarma. El juzgado desautorizó la medida, por cierto, utilizando llamativamente, en la parte sustancial de sus razonamientos jurídicos, no solo los mismos argumentos, sino las mismas palabras, signos de puntuación incluidos, que la Fiscalía. Posteriormente hubo tres días de desconcierto, incertidumbre y confusión en medio de una gravísima crisis sanitaria, económica y social. Nadie sabía qué se podía hacer y qué no. En esos tres días la Generalitat corrigió su torpeza y rectificó la noche del mismo lunes, mediante un decreto ley, la regulación sanitaria para presentar de nuevo la solicitud justificando la proporcionalidad de las medidas y limitándolas en el tiempo (15 días prorrogables), algo que no había hecho la primera vez. El juzgado de guardia, en este caso el número 2, autorizó las restricciones, si bien dejando fuera a Massalcoreig porque solo ha tenido un positivo de Covid hasta el 1 de julio. El pasado viernes la Generalitat anunció más restricciones para el resto de la comarca del Segrià (ya confinada perimetralmente desde el 4 de julio, en este caso con la debida autorización judicial) y para la Noguera. El juzgado de guardia (otra vez el número 2) las autorizó, pero parcialmente: dejó fuera a 9 municipios de la Noguera y a 5 del Segrià, todos ellos con pocos positivos, y estableció que las limitaciones de las tiendas tenían que ser las mismas que las de los bares, es decir, que podían trabajar con el 50 por ciento del aforo, porque el riesgo es el mismo.

El letrado Simeó Miquel, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lleida, lamenta en estas páginas que la Generalitat no demorara o anticipara la petición a la autoridad judicial para que esta pudiera ser tramitada por el juez de lo contencioso-administrativo, que es el especialista en este tipo de asuntos. Miquel, que cubrió para SEGRE el juicio del procés durante 4 meses junto a otros juristas, destaca que “no es ningún escándalo que un juzgado rechace avalar una determinada decisión administrativa. “Al contrario”, añade, “es un signo de normalidad democrática, que ya nos conviene”. Algo parecido dice el letrado Daniel Ibars, doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal en la Universitat de Lleida, quien afirma en estas páginas que “no hay que culpar al sistema judicial, que es capaz de dictar tantas resoluciones judiciales distintas e incompatibles entre sí como jueces sean conocedores de los casos. Ahí reside uno de los principios básicos de nuestro sistema: el de la independencia judicial”. Los dos celebran que finalmente la Generalitat “rectificara la normativa reguladora de la sanidad y volviera a presentar la solicitud corrigiendo los defectos”

La justicia denegó la petición inicial porque había errores y la concedió cuando se corrigieron

SEGRE despertó a 160.000 leridanos con una insólita exclusiva: la jueza había vetado el confinamiento

(Miquel) , es decir, “

de manera justificada, proporcional y por tiempo determinado” (Ibars). Sacando de contexto palabras usadas por los letrados en sus artículos, podríamos decir que si eso se hubiera hecho al principio nos habríamos ahorrado el vodevil de unos incompetentes.

Duras críticas a la gestión política de la pandemia Daniel Ibars lamenta que no se controlara la “superpoblación flotante de trabajadores agrícolas”. El letrado ve una “clara omisión del Gobierno de España -tomándose unas vacaciones hasta que el virus se propague en las grandes ciudades-” y critica con dureza a Torra ya desde el titular. También Simeó Miquel arremete contra el presidente catalán por decir que no aceptaba la desautorización judicial, y destaca que “la misma Generalitat ha desmentido estas declaraciones y ha acabado haciendo lo que tenía que hacer”: corregir los defectos que había señalado el juzgado.