TRIBUTOS INSPECCIÓN
La Paeria debe rehacer el concurso para privatizar el control del fraude
El Tribunal de Contratos estima un recurso de una empresa contra una de las cláusulas|| Levanta la suspensión de la licitación, pero ha de cambiar ese requisito
El departamento municipal de Hacienda está ubicado en la plaza Sant Francesc.
La Paeria deberá rehacer una cláusula del pliego de condiciones del concurso para contratar un servicio de apoyo en materia de inspección tributaria, que en la práctica supone la privatización del control del fraude en los impuestos sobre actividades económicas (IAE), de aprovechamientos especiales y del de instalaciones y obras (ICIO). Así lo ordena el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que anteriormente ya había suspendido la limitación mientras analizaba el recurso especial en materia de contratación contra las bases de la licitación por parte de la empresa Asesores Locales Consultoría SA, que ahora ha estimado.
Desestima otro recurso de una asociación de inspectores al considerarlo extemporáneo
La firma cuestiona el requisito sobre la solvencia técnica, que requiere a los licitantes un mínimo de contratos en los últimos tres años, al verlo “discriminatorio”, y el tribunal lo anula y añade que el ayuntamiento lo “deberá ajustar a las exigencias legales y doctrinales a fin de que resulte proporcional y no produzca efectos discriminatorios, y motivarlo debidamente”. En concreto, las bases exigen “un mínimo de 3 contratos durante los 3 últimos años, por un importe de adjudicación de cada uno igual o superior a 54.414,41 € y objeto similar” y la empresa acredita un contrato de inspección tributaria de una Diputación (32 ayuntamientos) con un importe anual de más de 1.200.000 euros”.
El tribunal levanta ahora la suspensión del procedimiento de contratación que había acordado el pasado 17 de junio, como publicó este diario.
Por su parte, una portavoz municipal afirmó que “se está analizando la resolución del tribunal” y añadió que en la comisión de Gobierno Abierto de septiembre “se informará de ella y de los próximos pasos a seguir”. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local también presentó un recurso contra el concurso en el que pedía su anulación al considerarlo “contratrio al ordenamiento jurídico al implicar la privatización del servicio de inspección tributaria local”. La entidad argumenta “la prohibición de que las funciones inspectoras sean desarrolladas materialmente por empresas privadas bajo la apariencia legal de apoyo, asistencia y colaboración”. En este caso, el Tribunal de Contratos no estima el recurso, pero por haberlo presentado fuera del plazo pertinente.
Este servicio de control del fraude salió a licitación por un importe de 877.885,76 euros y la vigencia inicial prevista del contrato era de dos años.
