CIRCULACIÓN NORMATIVA
Velocidad máxima a 30 km/h en las calles de Lleida ya este mes si nadie alega
La exposición pública de la nueva ordenanza acaba el día 16 || Solo quedan excluidas vías con dos carriles por sentido
La Paeria prevé implementar este mes la limitación de forma generalizada de la velocidad máxima permitida en casi todas las calles de la ciudad a 30 kilómetros por hora. La exposición pública de la nueva normativa acaba el próximo día 16 a las 14.00 horas, y si no hay ninguna alegación, entonces ya podrá entrar en vigor, según informó ayer el equipo de gobierno en la comisión de Seguridad. La ordenanza actual fija como límite general de velocidad en las vías urbanas los 50 por hora, lo que obliga a señalizar todas las calles denominadas “zonas 30”. En cambio, una vez entre en vigor la nueva, lo que sucederá será lo contrario. La reducción de la velocidad en todas las vías de la ciudad de un carril por sentido comportará que los automóviles deberán compartir la calzada con bicicletas y patinetes eléctricos. Según el consistorio, el objetivo es “ampliar los espacios seguros para las personas que circulen a pie, en bici o en VMP (vehículos de movilidad personal), tal y como se está haciendo con los cortes de tráfico para peatonalizar algunas calles durante los fines de semana”. Solo quedarán excluidas de esta medida calles con dos carriles por sentido que además soportan un alto nivel de circulación, como Ronda, Príncep de Viana o Prat de la Riba. Además del cambio en la señalización de las calles, cuyo coste global rondaría los 90.000 euros, está prevista la instalación de elementos como bandas reductoras de velocidad.
La edil socialista Cristina Morón lamentó ayer durante la comisión de Seguridad la improvisación del gobierno ante la nueva ordenanza, ya que no pudo concretar el día que entrará en vigor, y pidió que se ponga en marcha una campaña de sensibilización para preparar el cambio. En cuanto a la instalación de elementos para garantizar el cumplimiento del nuevo límite, Morón pidió al gobierno que actúe “con transparencia”, y se preguntó si ha cuantificado a través de un informe las sanciones previstas. El PSC, que se abstuvo, cree que esta medida “tiene una clara vocación de recaudación”.