Covid y colapso: la doble pandemia de la justicia

La Audiencia de Lleida está celebrando estos días un juicio que pone en evidencia las dificultades que la pandemia provoca en la administración de justicia. Se juzga a 10 acusados de traficar con drogas en Lleida, Balaguer, Almacelles y varias localidades de Tarragona y el pasado miércoles, cuando se inició el juicio, había en la sala 37 personas (10 acusados, 9 abogados, 8 mossos, 3 jueces, un fiscal, un auxiliar judicial y 5 personas de público, 3 de ellas periodistas), 7 más de lo que estipula el protocolo anticovid. Los abogados defensores pidieron suspender el juicio por falta de medidas de seguridad y el fiscal dijo que sería desproporcionado porque tres acusados llevan un año y medio en prisión y, si se hubiera suspendido el juicio el miércoles, no habría podido celebrarse hasta que se acabara la pandemia, lo que es una incógnita absoluta. La presidenta del tribunal apoyó la opinión del fiscal y ordenó celebrar el juicio adoptando distintas medidas, como poner a los abogados en dos filas para que se respetaran los dos metros de distancia y celebrar numerosas pausas para airear. El juicio continuó el jueves y seguirá hoy: un montón de horas en estas precarias condiciones de seguridad. El ejemplo ilustra los problemas de la justicia por el hecho de tener que afrontar una doble epidemia: la del coronavirus y la del eterno colapso judicial. David Gil, miembro de la comisión de Derehos Humanos y Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lleida, explica en el artículo publicado en esta página que “

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Habilitar agosto ha sido una medida inútil porque los jueces la han desoído y los abogados se han indignado

a acumulación de trabajo, los retrasos, son el pan nuestro de cada día: la verdadera pandemia de la administración de justicia, con ratios de litigiosidad que duplican la media europea y con la mitad de los juzgados de los que disponen, de media, nuestros vecinos”.

El Real Decreto-Ley 16/2020, que obtuvo el respaldo en el Congreso el pasado 28 de abril, habilitó “excepcionalmente y de forma parcial” el mes de agosto, pretendiendo dar continuidad a la actividad judicial durante ese mes. “De forma parcial” se refería a que del 1 al 11 de agosto no se celebrarían juicios, pero a partir de este momento la Administración funcionaría con total normalidad. Fue la medida más polémica del plan de choque del gobierno para evitar que la Covid aumentara el colapso de los juzgados. De hecho, los jueces, en la práctica, la desoyeron, ya que el Consejo General del Poder Judicia recomendó concentrar como siempre las vacaciones en agosto, y los abogados se indignaron. El decano del Colegio de la Abogacía en Lleida, Jordi Albareda, dijo el 2 de agosto a SEGRE que habilitar ese mes era “una medida absurda, ya que si la mayoría de jueces y personal de la administración están de vacaciones”, como así ha ocurrido, “no avanzaremos y la abogacía tendrá que permanecer activa ante la incerteza de que se puedan abrir nuevos plazos procesales, sin poder descansar. Me parece una falta de respeto a la profesión”. Las predicciones de Albareda se han cumplido y ahora David Gil se pregunta: “si estaban de vacaciones, ¿quién se ha leído nuestros escritos, presentados dentro de plazos?”