La Paeria derriba tres edificios en ruina del Centro Histórico al no hacerlo sus dueños

La Paeria ha dictado tres resoluciones para llevar a cabo el derribo de tres edificios de la calle Companyia declarados en ruina después de que sus propietarios hayan hecho caso omiso a las órdenes municipales para efectuar su demolición. Se trata de los inmuebles de los números 16, 18, 20 y 22 (uno incluye el 20 y el 22). La Paeria ejecutará los trabajos de forma subsidiaria y pasará la factura a los propietarios, una pareja que posee los números 16 y 20-22 y una entidad bancaria que es titular del 18, por un importe global de 150.000 euros. En concreto, las órdenes cifran en 23.600 euros el coste de la demolición del inmueble del banco y en 73.500 y 53.200 el de los otros dos. Además, indican que en caso de que cada derribo tuviera que hacerse por separado, en lugar de conjuntamente, el importe que deberían sufragar sus dueños sería sensiblemente mayor.

El ayuntamiento declaró en ruina económica y técnica estas casas a través de un decreto de alcaldía del 10 de diciembre de 2019, en el que se concedía a sus titulares un plazo de un mes para proceder a su derribo. Estos recurrieron y solicitaron una prórroga, que el ayuntamiento les concedió, pero que finalizó el pasado 1 de julio. Ante el hecho que desde entonces no solo no se han iniciado los trabajos, si no que ni siquiera se ha presentado la solicitud de licencia para hacerlo, el departamento de Urbanismo ha optado por asumir las obras de forma subsidiaria y los trabajos se iniciarán en los próximos días.

Fueron declarados en ruina en diciembre de 2019 y la demolición se iniciará en unos días

La ejecución de las órdenes de derribo pendientes y la imputación de sus costes a los propietarios es una de las actuaciones que el teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Toni Postius, quiere aplicar para impulsar la rehabilitación del Barri Antic. Otra es la reactivación de las inspecciones técnicas de edificios (ITE), que numerosos inmuebles tienen pendiente, así como el posterior control y seguimiento de todas las órdenes de mejora que se deriven de ellas para asegurar su cumplimiento. Esta línea de acción viene acompañada de otra medida anunciada hace unos días, que es la imposición de nuevas sanciones de hasta 150.000 euros a los dueños de edificios que se nieguen de forma reiterada a efectuar actuaciones de mejora, especialmente en el caso de que sean entidades bancarias o grandes fondos. Estas multas castigarán la acumulación de incumplimientos, ya que ahora cada uno de ellos solo recibe una multa máxima de 3.000 euros.

Insta a un banco a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar El ayuntamiento envió el viernes un burofax al BBVA tras tener conocimiento de que el próximo jueves tiene previsto el desahucio de una familia vulnerable, deudora hipotecaria, a la que no se le ha ofrecido un alquiler social, como obliga la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La Paeria ha requerido a esta entidad bancaria que suspenda el lanzamiento hasta que cumpla la normativa. El teniente de alcalde Sergi Talamonte afirma que “tenemos la obligación de ser contundentes con estas actuaciones de los grandes tenedores porque, a parte de ser actuaciones ilegales, son profundamente injustas”. Remarca que “la propuesta de alquiler social es obligatoria y seremos firmes a la hora de sancionar estas prácticas, que son consideradas infracciones graves en la normativa de vivienda”. Las multas oscilan entre 9.001 y 90.000 euros.