El Govern cierra la hostelería y deja en casa a 13.500 profesionales en Lleida

Después de una jornada de confusión, la Generalitat decidió finalmente aplicar desde la pasada madrugada el cierre de los bares y restaurantes durante 15 días para contener la expansión del coronavirus. El miércoles anunció que esta medida entraría en vigor la medianoche del jueves al viernes tras el aval judicial, pero ayer por la mañana el Tribunal Superior de Justicia pidió al Govern que subsanara “defectos de forma” en el decreto. La Generalitat presentó el escrito en el plazo solicitado, pero el tribunal consideró que no reparaba “defectos formales advertidos” y dijo que no se pronunciaría hasta hoy. Ante ello, el Ejecutivo catalán anunció que hacia la una de la madrugada publicaría la resolución con entrada en vigor de las nuevas medidas “de manera inmediata”, con una disposición que deja en suspenso, hasta que el TSJC resuelva, las restricciones que el Govern considera que podrían vulnerar derechos fundamentales: el veto a reuniones de más de 6 personas, la suspensión de clases presenciales en las universidades y la limitación del aforo en las actividades de culto.

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, dijo que les consta que el fiscal informó a favor de las medidas y remarcó que “no contemplo nada más que no sea su ratificación”. Aseguró que “los bares en sí mismos son seguros, pero el problema es la socialización” y añadió que están revisando el cierre de las estaciones de servicio de carreteras “porque dan servicio a los transportistas”. Las cafeterías y restaurantes de hoteles solo podrán abrir para los clientes que estén alojados.

El cierre de bares y restaurantes deja un panorama desolador para el sector, que cifra en 2,4 millones de euros las pérdidas diarias en Lleida, 36 millones en 15 días. Así lo aseguró el secretario general de la Federación de Hostelería, Ramon Solsona, que recordó que “en Lleida hay 2.800 negocios que dependen de la restauración, así como 10.500 trabajadores y unos 3.000 autónomos”. No dudó en calificar la medida de “barbaridad”. Recordó que “desde el verano solo se han contagiado 54 trabajadores del sector” y dijo que “aplican unas restricciones que ni ellos mismos saben si son efectivas”. El presidente de la Federación, Josep Castellarnau, dijo que el miércoles “nos reunimos con 5 consellers, a los que pedimos la condonación de tasas, moratorias del ICO e hipotecas y ayudas directas”, ya que ven insuficientes los 40 millones prometidos. Añadió que “en el Pirineo hay gente indignada porque criminalizan al sector, cuando por ejemplo la Alta Ribagorça tiene riesgo cero de rebrote”, por lo que exigió medidas diferenciadas en función de los territorios, algo en lo que coincidieron dirigentes de esta comarca y del Sobirà. A su vez, la Cámara de Comercio de Lleida criticó este cierre, asegurando que es “desproporcionado” y “penaliza a un sector que no se lo merece”.