Sube un 9% la ocupación ilegal de viviendas en seis meses en Lleida

Las ocupaciones de viviendas crecieron un 9% en el primer semestre del año en la provincia de Lleida a pesar de los tres meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, según se desprende de la respuesta del Gobierno central a diputados del PP, que se interesan por saber los hechos conocidos de ocupación ilegal, es decir, solo los que acaban en denuncia. Concretamente, entre enero y junio de este año se han denunciado un total de 93 ocupaciones de pisos en las comarcas leridanas, frente a los 85 en el mismo periodo de 2019.

Cabe destacar que Catalunya es una de las autonomías que registra un mayor aumento, según los datos del Gobierno, y Lleida es la segunda provincia con una subida porcentual más elevada, aunque Girona, que es la primera, registra un aumento del 67,7%. Los datos del Ejecutivo socialista también incluyen los registrados el año pasado, con un total de 177 hechos conocidos de ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Lleida, un 29% más que los contabilizados un año antes, que fueron 137.

Este año se observa una ralentización en las ocupaciones, pero siguieron subiendo a pesar de las restricciones de movilidad que se impusieron durante el estado de alarma desde mediados de marzo hasta casi finales de junio, cuando comenzó la desescalada. A mediados del mes pasado, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar los desalojos de los okupas en los casos de allanamiento y usurpación (para inmuebles vacíos y deshabitados).

La respuesta del Gobierno también facilita datos del ministerio de Justicia, proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, del número de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. El año pasado ingresaron 15 asuntos de este tipo en los juzgados leridanos, se resolvieron 13 y en trámite había 7. Mientras, en el primer trimestre de este año los asuntos ingresados fueron 9, se resolvieron otros cuatro y quedaban en trámite una docena. El ministerio del Interior también publicó una instrucción para mejorar los protocolos de actuación en casos de desalojos inmediatos ante ocupaciones “flagrantes” y de desalojos cautelares en el resto de usurpaciones de viviendas. La conselleria de Interior ha recibido críticas por la actuación de los Mosso s en diferentes desalojos que acabaron con cargas.