Okupaciones al alza

Las okupaciones en Lleida han crecido un 9% en lo que llevamos de año con un total de 93 denuncias, siendo la segunda provincia catalana en la que más ha aumentado esta práctica, según datos del Gobierno Central. Al respecto, tanto vecinos como abogados especializados afirman que han pasado de ser “simbólicas” a ser un problema. Un ejemplo es el barrio de La Bordeta, donde su presidenta vecinal, Mari Carmen Guerrero, contabiliza “decenas de pisos allanados”, la mayoría “por mafias que se dedican a realquilarlos a familias que lo necesitan o que hacen de la okupación su modo de vida”. Asegura que más de una vez “nos hemos encontrado con que han entrado en una vivienda porque alguien tenía la llave y la realquilaban, y en todos los casos son propiedad de bancos, por lo que alguien se beneficia de esta lacra”. Pero esto también sucede con pisos de particulares, como le sucedió a una pareja de edad avanzada de La Bordeta. Explican que “necesitamos dos años para expulsar a una familia que había entrado en un piso vacío de nuestra propiedad, y cuando lo recuperamos, lo malvendimos porque estaba destrozado”. Algo similar le sucedió a una mujer, también del barrio, que soportó en un piso suyo durante un año “a una banda cuyos miembros solo se fueron cuando no había nada más que robar. Lo había denunciado y empecé los trámites legales, pero el proceso fue muy lento y al final se marcharon por su cuenta”.

Y es que los propios abogados reconocen que el proceso judicial es “lento”. Así lo asegura Antonio Palau, que reconoce las lagunas de este trámite, pero sostiene que “si pudiéramos cumplir los plazos fijados, tendríamos una ley bien cubierta”. Dice que “antes la okupación en Lleida era esporádica, pero ahora hay un goteo de casos” y que el desalojo se demora “porque en la mayoría de los casos los intrusos son familias vulnerables y los servicios sociales deben hacer informes para acreditar que así lo son”. Por su parte, el abogado penalista Xavi Prats, que colabora con una empresa mediadora (ver desglose), detalla que “si nos okupan una vivienda primero debemos demostrar que llevan menos de un día allí (lo que posibilita el desalojo inmediato), luego recomendamos mediar con ellos, y, si no se llega a un acuerdo, presentar denuncia. Añade que “luego el okupa tiene 10 días para demostrar que tiene permiso para vivir allí y, una vez expirado el plazo, se inicia el proceso judicial, que puede durar un año o más”. “Por eso recomendamos mediar antes que ir por vía judicial”, indica, y opina que el nuevo decreto de la Generalitat, que veta desahucios durante 6 meses y obliga a ofrecer alquiler social a los okupas de pisos de grandes propietarios, “genera un efecto llamada para la okupación”.