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Educación y Fiscalía median ante familias absentistas

De niños que no acuden a clase para no llevar la mascarilla|| De momento no se ha abierto ninguna investigación penal

La Fiscalía pide 9 años de prisión para cinco acusados de falsificar tarjetas de crédito en Lérida y el Pla d'Urgell

La Fiscalía pide 9 años de prisión para cinco acusados de falsificar tarjetas de crédito en Lérida y el Pla d'UrgellSEGRE

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Educación y Fiscalía están mediando ante varias familias leridanas que no llevan a sus hijos a clase para no llevar mascarilla, un requisito obligatorio desde hace dos semanas para que cualquier persona pueda acceder a los centros educativos a menos que presente informes médicos justificando la excepción. Al respecto, fuentes judiciales señalaron que no se han abierto diligencias de investigación penal por incumplimiento de obligaciones familiares pero sí que se están estudiando informes por parte de la conselleria. En estos casos, apuntan las mismas fuentes, se habla con la familia para ver en qué circunstancias se ha producido el absentismo (un paso que todavía no se ha dado) y Fiscalía no actuará hasta que se haya producido esta mediación.

Por su parte, el delegado de Educación, Carles Vega, afirmó que la normativa prevé que “se puede poner en conocimiento de la Fiscalía” si familias no aportan justificantes médicos que certifiquen que sus hijos no pueden usar mascarilla y no los llevan al colegio. Aseguró que “espero no tenerlo que hacer” en el caso de tres alumnos de dos familias de la capital. “Tengo la esperanza de que con la interlocución del centro y de inspección lleguemos a resolverlo. Casos como este había más, pero se han ido resolviendo a través del diálogo y la mediación. Son tres alumnos de 64.300”, subrayó. “Si los padres dicen que sus hijos no pueden llevar mascarilla lo han de justificar con un documento médico. Si no lo llevan porque no quieren, no hay ninguna justificación. Es tan sencillo como traer la documentación, y si no lo hacen, los argumentos que puedan dar son peregrinos”, indicó, y añadió que “no es una cuestión de protección de datos porque Educación trata con datos de carácter personal y los centros saben que están salvaguardados por la ley”. “Mientras, los que están perdiendo son sus hijos porque los centros, sin un motivo justificado, no han de hacer un plan ni una atención domiciliaria”. Educación y Fiscalía no aclararon ayer si median en los mismos casos.

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