Aumentan las multas por restricciones anti-Covid pero solo se cobran un 6%

Los Mossos d’Esquadra y las policías locales han aumentado en esta segunda ola el número de multas que imponen por infringir las restricciones establecidas para combatir la Covid, pero solo se cobran un 6,3 por ciento. Hasta el pasado 15 de octubre se habían tramitado en Catalunya 63.000 sanciones por este motivo, según informó el conseller de Interior, Miquel Sàmper, quien añadió que solo 4.000 de estos expedientes se han cobrado, lo que representa el citado 6,3 por ciento.

El propio conseller explicó la semana pasada que desde que se declaró el toque de queda, hace poco más de un mes, mossos y policías locales han interpuesto otras 40.000 sanciones. Cuarenta mil en un mes frente a las 63.000 en los otros 7 meses de pandemia. La razón por la que solo se han cobrado un 6,3 por ciento de las sanciones (un porcentaje que baja al 3,8 por ciento si se suman las 40.000 del último mes, que todavía no se han cobrado porque no ha habido tiempo de tramitarlas) es el colapso de los funcionarios de la conselleria de Salud que deben gestionarlas. Las sanciones graves por infringir las restricciones anti-Covid son tramitadas por la conselleria de Interior y las leves, por la de Salud. Estas son con mucha diferencia las más numerosas, la mayoría de ellas por no llevar mascarilla o por no llevarla en buenas condiciones.

Como quiera que, por razones evidentes, los funcionarios de la conselleria de Salud tienen mucho trabajo con cuestiones sanitarias de la pandemia, no dan abasto para tramitar el elevado volumen de sanciones leves interpuestas por mossos y policías locales. Por este motivo, el pasado mes de agoto el Govern decidió que los ayuntamientos que quisieran podrían tramitar las multas por infracciones leves. Sin embargo, según dijo el pasado viernes a este diario una fuente de la Paeria de Lleida, tres meses después los consistorios que se han ofrecido para tramitarlas todavía no han podido resolver los expedientes porque la Generalitat no ha publicado la orden que les faculta para ello (ver desglose). Las multas podrían perder su función disuasoria si los ciudadanos tienen la sensación que raras veces se cobran.

Los consistorios, pendientes de que la Generalitat publique la autorización

Una fuente de la Paeria explicó el pasado viernes a este diario que “todavía no se ha publicado en el DOGC la resolución de la conselleria de Salud delegando en el ayuntamiento (o los ayuntamientos, en general, que lo hayan solicitado) las competencias sancionadoras en el caso de infracciones de carácter leve, que son las delegables de acuerdo con la normativa reguladora”. Esta normativa es el decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador para el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Según se explica en el artículo 14.3. del citado decreto-ley, la publicación en el DOGC es un requisito sine qua non, es decir, es una condición necesaria para la eficacia de la delegación de competencias a los ayuntamientos en el cobro de las multas. El portavoz de la Paeria explicó que “sin la publicación de la resolución, esta no produce efectos jurídicos y no se puede, por tanto, incoar formalmente los expedientes sancionadores”. Esta anómala situación, además de impedir la gestión de multas en los ayuntamientos, comporta el riesgo de que los expedientes prescriban. Por este motivo, la citada fuente de la Paeria explicó que “vamos preparando” los documentos “para que, cuando se publique la resolución, podamos llevarlos a la firma del alcalde, porque hay que pensar que el plazo de prescripción está corriendo y hay que ganar, en consecuencia, todo el tiempo que podamos”.