Policías declaran en el juzgado por su actuación en la Mariola el 1-O

El juzgado de Instrucción 4 de Lleida acogió ayer la declaración como investigados de cinco agentes de la Policía Nacional acusados de agredir a Enric Sirvent, que sufrió un ataque al corazón durante las cargas policiales en el colegio electoral de la Mariola el 1-O. Los agentes, tres de Sevilla, uno de Valladolid y otro de La Rioja, se negaron a responder a las presuntas de la acusación particular, que representa a la familia de Sirvent (que falleció el pasado abril a causa de la Covid), y solo respondieron al juez. Según la abogada de la familia, Anna Llauradó, que criticó que la Fiscalía no hiciera ninguna pregunta a los agentes, los policías admitieron que estaban en el centro de votación, pero negaron haber agredido a ningún votante y defendieron que su actuación fue “proporcionada”. Asimismo, señalaron que cuando Sirvent sufrió el ataque al corazón, le auxiliaron y activaron el protocolo para que recibiera asistencia médica. Llauradó señaló que los agentes declararon ante el juez que utilizaron “la fuerza mínima” contra la ciudadanía y que fue la gente concentrada la que les agredió y les tiraron objetos. “Estas declaraciones se contradicen con los vídeos aportados en la causa, en la que puede verse que la gente estaba con las manos arriba”. Los agentes también dijeron que avisaron a los concentrados para que se fueran, pero Llauradó señaló que “hay un vídeo que demuestra que bajaron directamente del furgón policial y cargaron por la fuerza”. Entre los agentes que declararon ayer se encuentra el inspector de la policía española de Sevilla que, según se desprende de otros procedimientos, sería el responsable de todos los efectivos desplegados el 1-O en la capital del Segrià. La familia de Sirvent les acusa de lesiones y de omisión del deber de socorro.

Ya son seis los agentes que han declarado como investigados en esta causa. El pasado mes de septiembre lo hizo el policía al que Sirvent reconoció como el que le propinó una patada cuando estaba en el suelo. El agente negó los hechos. La abogada de la acusación particular pedirá la declaración como testigos de los agentes de los Mossos que estaban en el centro de la Mariola, y también la de ciudadanos.

Piden 5 años por las protestas tras el arresto de Puigdemont

La Fiscalía pide 5 años y 3 meses de prisión, multa de 3.600 euros y 15.000 euros de responsabilidad civil para 11 procesados por la protesta en la subdelegación del Gobierno en Lleida contra la detención de Carles Puigdemont en Alemania en marzo de 2018, según informaron ayer los CDR de Lleida, que calificaron de “graves” y “desproporcionadas” las acusaciones. Los acusados están recibiendo las notificaciones por delitos de desórdenes, atentado y lesiones y entre los acusados está el rapero Pablo Hasél, a la espera de un posible ingreso en prisión por otras causas.

Entretanto, cuatro menores aceptaron ayer condenas por los disturbios en la capital del Segrià la noche del 16 al 17 de octubre del año pasado tras la sentencia del ‘procés’. Tres adolescentes aceptaron un año y dos meses de libertad vigilada por desórdenes públicos y otro, 1 año y medio de libertad vigilada por desórdenes y también por un delito de robo con fuerza en un establecimiento. Esa noche fueron detenidas 11 personas tras una concentración que congregó a unos 2.000 vecinos y que acabó con varios contenedores quemados y daños en comercios.