EDUCACIÓN TRIBUNALES
El Superior de Justicia obliga a dar el 25% de las clases en castellano
Estima parcialmente un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 || El Govern recurrirá pero destaca que la ley Celaá dejará sin efecto este fallo
Imagen de una manifestación a favor de la inmersión lingüística.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó parcialmente ayer el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra varias resoluciones del departamento de Educación en materia de uso de las lenguas vehiculares en la aulas y obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán. La decisión se adopta tras comprobar que, “en conjunto”, el uso vehicular del castellano en el sistema educativo “es residual”, o “al menos así lo es en una parte significativa de centros y grupo docentes”. La sentencia recalca que el castellano debe utilizarse “íntegramente” en al menos “una asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”, mientras que en el resto de horas lectivas el idioma lo fijará la administración o los propios centros.
La Abogacía del Estado presentó este recurso en 2015 ante “la inactividad de la Generalitat a la hora de aplicar estos baremos consolidados por la justicia y la ley de Educación vigente (conocida como ley Wert), que establecía que el uso del castellano debía realizarse en proporción razonable para su impartición ordinaria en las aulas y no mediante atención individualizada”. Sostenía que se estaba incumpliendo “la obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular, sin determinar en qué horarios y materias”, y se recurrían varias resoluciones del Govern sobre las normas de preinscripción y matriculación.
El departamento de Educación de la Generalitat ya anunció ayer que recurrirá el fallo. Lamentó que se “pretenda regular la política educativa, cuando es competencia del Parlament”y recordó que la nueva ley educativa, la ley Celaá, que se está tramitando en las Cortes, dejará la sentencia “sin efecto”, ya que prevé que el castellano deje de ser vehicular en las comunidades con lenguas cooficiales.
Ayer mismo tanto PP como Ciudadanos pidieron al Gobierno central que haga cumplir el fallo y revise la ley Celaá, asegurando que esta normativa “va en contra de los criterios del Constitucional”. Por otro lado, los sindicatos educativos Ustec e Intersindical exigieron desobedecer la sentencia.
