Más de 12.500 multas por Covid, pero solo se han cobrado el 8%

Mossos y policías locales han impuesto más de 12.500 multas por infringir las medidas anti-Covid en Lleida, pero solo se han cobrado el 8%. Los Mossos han notificado unas 9.500, de las que 7.000 fueron durante el estado de alarma (de marzo a junio) y las otras 2.500 desde junio. El toque de queda nocturno y las restricciones de movilidad dispararon las sanciones, con más de 1.500 en la provincia en solo el mes de noviembre. Por su parte, la Guardia Urbana ha levantado unas 3.000 actas en la capital del Segrià. Es decir, como mínimo han sido 12.500 multas sin contar las de otras policías locales. Sin embargo, uno de los grandes interrogantes es si se van a acabar cobrando. En Catalunya, donde se han notificado unas 90.000, hasta hace unos días solo se habían cobrado unas 7.000, cerca del 8%. Para agilizar la tramitación de estas sanciones, el Govern aprobó la semana pasada el programa para la gestión de los expedientes sancionadores, para el que contratará a 298 personas. El programa durará un año prorrogable a tres y prevé tramitar los expedientes derivados del incumplimiento de restricciones. Sin embargo, juristas consultados por este diario sospechan que muchos expedientes pueden acabar sin sanción. En este sentido, el decano del Colegio de la Abogacía de Lleida, Jordi Albareda, afirma que “es posible que la gran mayoría no salgan adelante por la dificultad de prueba o porque hayan caducado”. Asimismo, indicó que “los despachos de abogados no han detectado un aumento de conflictividad”. El juez decano de Lleida, Eduardo Enrech, opina que “deben aplicarse correctamente los reglamentos pero es complicado que sean efectivas. Creo que son ejemplarizantes y que es el propio ciudadano quien debe ser responsable y saber lo que puede hacer y las restricciones que hay”. Además, dice que “a nivel penal, que son las personas que han sido denunciadas por desobediencia, es muy difícil condenar porque este delito comporta, entre otros aspectos, una reclamación directa previa, y es muy difícil de demostrar”. Por su parte, el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, considera que el decreto aprobado por el Govern el 4 de agosto aporta seguridad jurídica a las sanciones a nivel administrativo, ya que antes la normativa sancionadora estaba dispersa en diferentes leyes y podía generar problemas de seguridad jurídica. Boné no duda del recorrido administrativo de estas sanciones, pero sí a nivel penal. Al respecto, señala que podría cometerse un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad si se ha hecho un requerimiento expreso y reiterado que no es cumplido por el ciudadano. Sin embargo, alerta de que “el mero incumplimiento de varias medidas, que podría ser desobediencia, no implica que se cometa un delito”.

La Paeria ya tramita los primeros expedientes

Fuentes de la Paeria de Lleida han informado a este diario que ya se ha iniciado la tramitación por parte de la concejalía de Seguridad Ciudadana de los expedientes sancionadores por infracciones leves con motivo de la Covid, una vez publicada la orden de la conselleria de Salud que lo permite. Se da la circunstancia de que varios ayuntamientos leridanos se ofrecieron para tramitar las sanciones leves, sobre todo por no llevar la mascarilla y por infringir el toque de queda, ante el colapso en la tramitación de los expedientes. Sin embargo, para que los ayuntamientos pudieran hacerlo, debían contar con la orden de la conselleria de Salud que lo autorizara, y esta no se publicó en el DOGC durante meses, lo que provocaba que los expedientes se acumularan sin ser tramitados, hasta el punto de que solo se han cobrado el 8% de multas. Una vez publicada la autorización en el DOGC, la Paeria ya ha iniciado una treintena de expedientes. Los motivos principales son el incumplimiento de la orden de confinamiento; el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o el uso inadecuado de esta; y el incumplimiento de las limitaciones de concentración de personas en reuniones. El resto se irán tramitando progresivamente