«Han sido tres años difíciles por nuestra imputación por el 1-O»

El intendente Jordi Dalmau es desde principios de mes el jefe de los Mossos d'Esquadra en la Región Policial de Ponent. Desde octubre de 2017 era el número 2 de la zona y releva al comisario Xavier Monclús, que ha pasado a segunda actividad a petición propia. Dalmau, de Vilanova de Bellpuig, entró en la Escola de Policia en 1992, es licenciado en Derecho y ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Lleida. Fue exculpado junto a otros tres mandos de supuesta inacción en el dispositivo policial del 1-O.

El 27 de noviembre los Mossos anunciaron una amplia reestructuración de su cúpula tras la restitución del major Trapero al frente del cuerpo. Unos cambios que afectaron a las dos jefaturas en Lleida, la de Ponent y la del Pirineo Occidental. De esta forma, Trapero nombró al comisario Joan Figuera como responsable del Pirineo en sustitución de Miquel Esquius i, en Ponent, al intendente Jordi Dalmau en sustitución del comisario Xavier Monclús. Este último relevo se materializó el 9 de enero. Hasta hace dos semanas era el subjefe de la región policial.

¿Cómo afronta este ascenso y cuáles son sus objetivos?

Son tres años y medio de subjefe por lo que tengo claro que tendré un línea continuista. Los grandes objetivos siempre han sido los mismos. Aspiramos a que toda la gente que vive en Ponent tenga una sensación de seguridad razonable. En cuanto a robos, pasa por continuar trabajando para luchar contra los que se producen en domicilios, que supone una agresión a la intimidad de las personas; los robos en las zonas comerciales y en las zonas agrícolas. Queremos minimizar al máximo los accidentes y las víctimas de tráfico. Y otro aspecto básico es la lucha contra la violencia de género.

Supongo que usted no necesita un periodo de adaptación en el cargo porque lleva muchos años trabajando en Lleida.

Estoy en la zona desde el despliegue del cuerpo. Empecé en Tàrrega y he sido uno de los responsables de las tres áreas básicas policiales: Segarra-Urgell, Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell y Noguera. No es una zona desconocida para mi.

Una de las quejas recurrentes que se hace desde Lleida es la falta de agentes. ¿Es cierta esta sensación de falta de personal?

Mi sensación es que tenemos una plantilla relativamente bien dimensionada y damos cobertura a los servicios básicos. Si tuviéramos más agentes, tendríamos trabajo para ellos. Es cierto que en los últimos años ha habido jubilaciones y, en cambio, no ha habido nuevas promociones.

¿Llegarán nuevos agentes?

Está por ver. Lo que es verdad es que hay muchos agentes leridanos destinados a otras provincias. El incremento de plantilla debe suponer su regreso.

La pandemia ha supuesto un cambio en la manera de trabajar. También en la policía. Parte de su labor ahora pasar por hacer cumplir las restricciones sanitarias y de movilidad.

Nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo diario al que se ha sumado todo lo relacionado con la pandemia. Se hacen controles pero es imposible estar en todos los sitios. Yo siempre digo que las normas apelan directamente el ciudadano, que es quien debe ser responsable.

Hay gente que duda de que las multas se lleguen a cobrar. ¿Tienen la sensación de que las infracciones quedarán impunes?

Los Mossos hacemos lo que debemos. Las levantamos y las tramitamos y, a partir de aquí, debemos creer que se multará.

También ha supuesto un repunte de delitos de desobediencia y atentado a la autoridad.

Hay situaciones complejas y hay personas que no están de acuerdo con las normas. Por suerte, en Lleida solo ha habido casos puntuales.

También han estado en el centro de la polémica por los dispositivos en desahucios. ¿Se les está criminalizando por ello?

Es un drama social. La policía está en medio porque, en prácticamente todos los casos, está cumpliendo una resolución judicial. Aunque estas y otras acciones no nos puedan gustar, no estamos en disposición de decidir. Miramos de hacerlo con el mínimo de incidentes o de utilización de la fuerza.

En cuanto al tráfico de drogas, ha habido un incremento de las plantaciones de marihuana.

En Lleida y en el resto de Catalunya es uno de los delitos que va creciendo exponencialmente. Además, detrás de la marihuana hay un gran negocio y nos preocupa no solo su cultivo y venta sino lo que lleva asociado como organizaciones criminales y otros delitos.

Usted y otros tres mandos en Ponent estuvieron imputados por inaccción en el referéndum del 1 de Octubre ¿Fue un momento duro?

Han sido tres años difíciles, no solo por nuestra imputación sino por todo lo que ha supuesto a nivel del cuerpo. Creo que la mejor noticia que hemos tenido últimamente es la absolución del major Trapero, que no es solo su absolución sino que la sentencia refrenda la actuación del cuerpo el 1-O. Supuso una crisis importante y esperemos que se haya pasado página.

Su caso ya no llegó a juicio. ¿Fue algo muy importante para ustedes que se archivara de oficio?

Tuvimos la oportunidad de explicarnos ante el juez y la causa se archivó, como no podía ser de ninguna otra forma.

Siempre defendieron que hicieron lo que se les mandó.

Pensar otra cosa es ir más allá. Intentamos dar cumplimiento a la orden judicial de la mejor forma. Ese fue nuestro objetivo el 1 de Octubre. No había otro.