TRIBUNALES INVESTIGACIÓN
El juez ordena seguir las diligencias sobre las cuentas de la EMU al ver indicios de delito
En las de 2015, al concluir que obligaban a reformular las de 2014 y que contravienen la normativa || Mínguez, Larrosa, Ribes y otros 4 exediles que estaban en el consejo, entre los once investigados
Imagen de archivo de las obras de cubrimiento de las vías.
El titular del juzgado número 2 de Lleida ha dictado un auto en el que ordena continuar las diligencias contra once de los responsables de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) en 2015 -cuando gobernaba el PSC- al ver indicios de delitos societario, de falsificación de documentos mercantiles y de tráfico de influencias. Entre ellos figuran el jefe de la oposición, Fèlix Larrosa, la exedil y diputada Montse Mínguez, la portavoz de Cs, Ángeles Ribes, varios exediles, altos cargos y la auditora (ver claves). Este procedimiento es el resultado de la querella presentada en 2018 por el entonces líder del grupo del PDeCAT y actual primer teniente de alcalde, Toni Postius.
El auto empieza analizando “las discordancias” entre las cuentas de 2014 depositadas en el Registro y las cifras del mismo ejercicio que figuran en las de 2015. Indica que la normativa obliga a reformular las cuentas anuales cuando las modificaciones “afecten significativamente a la imagen fiel de la situación patrimonial de la empresa”. Detalla que la partida de fondos propios pasa de 38,8 a 20,8 millones, y señala que esta reducción es “suficientemente significativa para reformular las cuentas de 2014”. Además, constata una “incorrección contable consistente en la revalorización del inmovilizado material por importe de 4.885.354,36 euros”. Subraya que la normativa que regula el inmovilizado material “no contempla, en ningún caso, la revalorización, únicamente su deterioro”, justo lo contrario de lo que hace la EMU.
Según fuentes próximas al caso, el fiscal habría solicitado ya hace un tiempo el archivo
La otra cuestión clave es la de los gastos de 21,9 millones de las obras del cubrimiento de vías del plan de la estación que ejecutó la EMU. Indica que hasta 2014 se imputaron a la partida “terrenos y solares urbanizados”, cuyo importe era de 88,6 millones. Explica que una tasación concluyó que habían sufrido una depreciación de 40,1 millones, por lo que esta partida se redujo hasta los 48,7 millones en 2015. Sin embargo, añade que, a la vez, se llevó a cabo una “reclasificación” al trasladar a existencias los 21,9 millones de las obras. “Las cifras no cuadran”, afirma. Y argumenta que con este cambio, la partida de terrenos quedaba reducida a 66,7 millones, por lo que con la depreciación de 40,1 millones el resultante sería 26,5, y no los 48,7 millones consignados. Agrega que la memoria de 2015 dice que hasta 2014 los 21,9 millones figuraban en la partida de terrenos porque no había un informe que determinara “su importe exacto”. “Explicación no satisfactoria”, afirma el juez, que señala que los gastos de las obras “debieron ser contabilizados en el momento de su facturación y pago”, en 2008. Por eso, concluye que o no se hizo y “se contabilizan -ex novo- en el ejercicio de 2015, o bien se duplica su contabilización, como parecen sugerir las cuentas de 2015”. Por último apunta que ve posible que “la imagen incorrecta de la situación de la empresa” facilitara que la Paeria firmara un crédito para la EMU con el visto bueno de la Generalitat. El juez ya ha notificado el auto a Fiscalía y a las partes (ver claves). Según fuentes próximas al caso, Fiscalía habría pedido ya hace tiempo el archivo.
